La muerte de cuatro jóvenes desarmados que eran perseguidos a balazos por la Policía bonaerense abrió un nuevo debate político en torno a la llamada "doctrina Chocobar", en medio de una ya de por sí tensa campaña electoral.
Si bien hay sospechas de que no fue un caso de gatillo fácil sino una matanza porque los chicos habrían visto a los policías comercializando drogas, la forma en que se dieron los hechos generó lecturas en la oposición que responsabilizan al Gobierno nacional.
Patricia Bullrich no tiene responsabilidad directa sobre la Policía Bonaerense, que depende del gobierno de María Eugenia Vidal. Pero la repercusión apunta a que estos hechos suceden por la línea de acción que se baja desde lo más alto del Poder a las fuerzas de seguridad.
El 1 de febrero de 2018 el presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada y dio su apoyo a Luis Chocobar, policía que mató a balazos a un joven que había asaltado y herido a un turista en el barrio porteño de La Boca. Dos semanas después, Chocobar fue procesado.
Bullrich también había respaldado el accionar de los prefectos que el 25 de noviembre de 2017 mataron a tiros al joven mapuche Rafael Nahuel, en territorio recuperado de Villa Mascardi, a pocos kilómetros de Bariloche. La víctima no portaba armas.
El 15 de mayo último la Cámara Federal de General Roca, Río Negro, cambió la carátula a "homicidio agravado" desde la anterior "exceso en legítima defensa" y ordenó la prisión preventiva del prefecto Francisco Javier Pintos, integrante del grupo Albatros, por la muerte de Nahuel.
Ayer hubo un leve cambio en la reacción del Gobierno. Sin condenar lo sucedido, Bullrich afirmó que de comprobarse lo que indican las hipótesis de lo ocurrido en Miguel del Monte, los implicados no deberían llamarse "policías".
Julio Conte Grand, procurador general bonaerense, fue contundente: "Esto ha sido una actividad ilegítima y contraria a las normas". El jefe de los fiscales confirmó que había una bala policial, tirada por la espalda, en el cuerpo de uno de los cuatro jóvenes muertos.
En medio de la campaña electoral Cambiemos bajó la orden de que del tema no iba a hablar nadie más que Bullirch y el ministro de Seguridad bonaerense, Christian Ritondo. Incluso Vidal optó por el silencio total.
Graciana Peñafort, abogada de Cristina Fernández de Kirchner, responsabilizó al Gobierno: "Cuatro pibes muertos. La doctrina Chocobar. La licencia para matar de la Policía. Las mentiras para encubrir asesinatos de balas que también paga el Estado. Balas que pagamos todos. Bullrich, Ritondo y las versiones de la crueldad".
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pidió la renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación: "hay que hablar de la responsabilidad que tiene Bullrich en estos casos. Todo esto está alentado por ella. No está preparada para el cargo que tiene".
La diputada nacional kirchnerista Mónica Macha expresó que "las políticas de seguridad de Bullrich son las que generan muertes como las de San Miguel del Monte y las que culpabilizan a las víctimas de las fuerzas represivas".
Y Áxel Kicillof, diputado nacional y eventual candidato a gobernador bonaerense por el kirchnerismo, exigió justicia por los chicos asesinados y agregó: "Repudiamos las políticas y discursos que han estimulado y avalado el gatillo fácil".
