Se presentó un recurso de amparo en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, contra la concesión del estacionamiento vehicular en el municipio de San Miguel de Tucumán, dispuesta por el intendente Germán Enrique Alfaro, denunciando que en la contratación del servicio se extra limitó en sus funciones.
Plantean la declaración de nulidad absoluta de la resolución administrativa que incorpora el sistema de estacionamiento medido al Municipio de San Miguel de Tucumán. Se trata de la Unión Transitoria de Empresas, que según detalló oficialmente la Municipalidad es una empresa con “experiencia en diferentes provincias y ciudades de todo el país, entre éstas Rosario, que ganó un proceso licitatorio para la concesión del servicio”.
Con la firma de 39 personas en calidad de trabajadores informales “cuidacoches”, dirigentes de asociaciones y de ciudadanos damnificados frentistas, con el patrocinio de la abogada Ingrid Lausberg, se presentaron en la Justicia señalando que les generó “perjuicios patrimoniales derivado de la interrupción intempestiva de la fuente de trabajo de los “ciudacoches”, siendo más de 600 familias afectadas por la resolución municipal”.
Agregan que esto ocasionó “marginación y desamparo de grupos de ciudadanos en situación de vulnerabilidad, violando Derechos Humanos de raigambre constitucional con protección en distintos tratados internacionales, siendo esta una circunstancia gravísima y susceptible de generar un perjuicio económico concreto y actual a la actora que puede tornarse irreparable”.
Continúa explicando que “por otro lado, aparece también un perjuicio en cabeza de los vecinos frentistas damnificados por la disposición del sistema, titulares de los derechos sustanciales en juego (a quienes por otra parte no se les puede brindar una explicación satisfactoria). Solicitan a los jueces el dictado de una medida cautelar que disponga la revocación de la resolución que dispone la incorporación del sistema de estacionamiento medido.
Añaden que “resulta sorprendentemente ostensible la proporción de la distribución del canon acordado entre las partes contratantes, recaudando la Municipalidad solamente el 15 por ciento de lo recaudado. Lo que también obra manifiesto es la falta de estudio y planificación de costo-beneficio para el municipio”. Remarcan lo ”desproporcionado de la contratado: Es decir la empresa concesionaria, obtiene como ganancias del servicio el 85 por ciento de lo recaudado”.
Además, solicitan que “se oficia al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para que remita la ordenanza municipal que otorga facultades para proceder a la contratación directa de la Unión Transitoria de Empresas por parte del intendente y las condiciones legales de dicha contratación”. También le piden al tribunal que “con habilitación de días y horas se oficie al Banco Macro de Tucumán, a fin de que remita el informe de las ganancias percibidas o depositadas producto de la incorporación del servicio de estacionamiento pago desde el comienzo de su función”.
Finalmente advierte que hacen reserva de ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de fallo adverso.
