Lobo Bugeau: Auditorias y evaluaciones a los jueces tucumanos

El doctor Bernardo Lobo Bugeau, ex funcionario provincial y actual secretario del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, fue consultado con referencia a la reforma de la Constituciòn de la provincia. Analizò la idea de las modificaciones del sistema electoral provincial y sobre el Poder Judicial.

-Usted estuvo en Tucumán. ¿Trabajó con(el ex gobernador Jose) Alperovich?

-Sí, fui el primer Secretario de Derechos Humanos de Tucumán, desde diciembre de 2003 hasta marzo de 2006, cuando renuncié, en solidaridad con el crimen de su hija, de quien era en ese momento un compañero de gabinete, el señor Alberto Lebbos, que se desempeñaba como Subsecretario de la Juventud.

-Vamos al tema de la justicia. ¿Cómo ve hoy la justicia tucumana y qué opina sobre la idea de reformar la constitución en la cual se incluye la justicia?

-Las convocatorias a Asamblea Constituyente deben realizarse a través del conducto institucional correspondiente, que es la ley. Es la legislatura la que debe establecer si esa reforma va a ser parcial o total. En este caso, se menciona que será una reforma parcial. En cuanto a la justicia, yo provengo de la justicia y tengo muchos años en la justicia ordinaria, en el poder judicial de Tucumán. Con sus idas y venidas, la justicia de Tucumán ha producido jueces muy eficientes y probos, especialmente desde 1991, con la existencia del Consejo Asesor de la Magistratura. Destaco eso. Por otro lado, el Poder Ejecutivo ha mencionado reformar el sistema electoral, lo cual me parece muy atinado y apoyo esa convocatoria para tener un sistema más representativo, transparente y eficiente.

-También se habla de ponerle un término al mandato de los jueces, como sucede con los otros poderes. ¿Cuál es su opinión?

-En el constitucionalismo argentino, se garantiza la inamovilidad de los jueces y la intangibilidad de sus remuneraciones, siguiendo el criterio de la Constitución Federal. No soy partidario de ponerle duración al mandato de los magistrados, pero sí de dar mayores facultades al Consejo Asesor de la Magistratura, para evaluar la gestión de los magistrados, cada cuatro o cinco años, para ver mediante auditorias y evaluaciones si puede ser revocado el mandato de magistrado o puesta en cuestión la inamovilidad de ese magistrado en concreto. Esto permitiría revocar el mandato de un magistrado por excesiva demora o falta de eficiencia, garantizando una justicia rápida y efectiva, como señala el preámbulo de la Constitución Federal.

-¿Entonces, no es partidario de ponerle término al mandato, pero sí de realizar auditorías?