Ordenaron la indagatoria y la detención de seis administradores y empresarios que estuvieron ligados al ingenio azucarero La Fronterita durante la década de los 70. A 10 kilómetros de Famaillá, el Ejército instaló en ese entonces una base militar que funcionó como centro clandestino.
La Fiscalía Federal N°2 de Tucumán acusó a estos empresarios de ser "cómplices" de los secuestros de 68 personas y la desaparición de 11 de ellos. "Luego de reunir una enorme cantidad de prueba de todo tipo el MPF acusa a empresarios azucareros tucumanos por su complicidad en crímenes de lesa humanidad en el Ingenio La Fronterita en el marco del 'Operativo Independencia', escribió en su Twitter personal el Fiscal Pablo Camuña. Las pruebas y testimonios ya fueron presentados, sólo se aguarda la resolución del juez federal Daniel Bejas.
El titular de la sede tucumana de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Camuña pidió que se indague a estos azucareros tucumanos por considerarlos "cómplices" secuestros, torturas y desapariciones de obreros de la fábrica, familiares de ellos y vecinos. "Consideramos que hubo una coincidencia de intereses entre militares y empresarios. Los militares buscaban desmovilizar a los azucareros tucumanos, cosa que a los empresarios les convenía por una cuestión económica: buscaban profundas reformas como la suplantación de mano de obra por maquinaria sin la oposición de un gremio combativo", señaló Camuña en diálogo con Página 12.
"Esta clase de pedidos suele hacerse con un grado de certeza básico, pero nosotros trabajamos para lograr un nivel propio de un juicio oral para poder exigirle al juez que estas personas deben ser indagadas por ser cómplices de delitos de lesa humanidad. Trabajamos para no tener dudas", indicó el Fiscal quien profundizó en estos casos tras la recopilación de testimonios, documentación recogida durante el allanamiento a las oficinas de la Fronterita –solicitado por la Fiscalía y ordenado por Bejas en mayo de 2016–, documentos fiscales y registros públicos.
Según detalló Camuña las colaboraciones que realizaron las personas que estaban a la cabeza del ingenio fueron muchas: haber cedido el predio para que se instalaran los militares, haber facilitado vehículos de la empresa para secuestrar personas y darle la información de trabajadores y habitantes de las colonias obreras. "No cabe duda de que ellos sabían lo que allí sucedía", indicó Camuña ya que la base se instaló en el "tambo" o "los conventillos" que estaban a 300 metros de las oficinas de estos empresarios.
Si estas indagatorias avanzan, sería el primer caso de complicidad empresarial con el terrorismo de Estado sometido al proceso de memoria, verdad y justicia en la provincia.
