A pesar del decreto presidencial que las prohíbe en vista de la pandemia por COVID-19 que atraviesa todo el mundo y de la que Tucumán no está exenta, la organización de fiestas clandestinas y las personas que asisten a ellas parecen crecer cada fin de semana.
Estos eventos que no cuentan con habilitaciones y utilizan espacios que ponen en peligro la salud y la vida de sus asistentes, provocaron que el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) refuerce los trabajos que vienen realizando, en los que se suma la Policía de Tucumán y el Ministerio Público Fiscal (MPF).
"Ponen en riesgo la salud de la población", sintetizó el interventor del organismo, Samuel Semrik, al referirse sobre los peligros que conlleva una fiesta clandestina y lamentó que "la flexibilización parecería que muchos la han tomado como final de la cuarentena".
En tanto, Semrik aseguró que la logística de los organizadores también ha ido por lo que cuesta un poco más encontrar la ubicación de cada una, sin embargo "trabajamos en eso todos los fines de semanas, más allá de todos los controles habituales que hace IPLA".
"La responsabilidad social es fundamental", remarcó el interventor y agregó: "Parece que están esperando que el virus les afecte un familiar cercano para tomar dimensión que esta enfermedad es grave, que esta situación de pandemia es compleja".
En ese sentido, el funcionario instó a la comunidad a realizar la denuncia de estas fiestas ilegales al 911 o al Ministerio Público Fiscal y destacó que es este último quien, haciendo uso de sus capacidades por la violación del decreto presidencial, puede detener e iniciar una causa judicial contra los organizadores.
