El Ministerio Público de la Acusación (MPA) apeló la resolución por la que se declaró extinguida la acción penal sobre el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe. El organismo quiere se revoque la prescripción de la causa iniciada por una denuncia hace más de 30 años.
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La fiscal Mariela Jiménez planteó que la decisión de cerrar el expediente implica un “gravamen irreparable de carácter serio, concreto y real”. Sobre el caso, recordó que la entidad financiera fue privatizada luego del movimiento irregular de 500 millones de dólares entre 1983 y 1990.
La funcionaria sostiene que “la acción penal no está prescripta”. A continuación añadió que “la investigación debe continuar para evitar la impunidad de un sinnúmero de hechos ilícitos”. En este sentido subrayó que eso puede derivar en una “responsabilidad internacional del Estado” en torno al proceso que derivó en la privatización de 1991.
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“La modalidad delictiva utilizada fue el otorgamiento de préstamos de altísimo riesgo de muy difícil –cuando no imposible– recuperación y sin justificativos razonables a beneficiarios VIP”, resumió Jiménez. A esto se sumó el “golpe de gracia” con una transferencia de recursos hacia el Gobierno de Santa Fe.
Además de la participación de Jiménez, el recurso de apelación lleva la firma del fiscal regional Carlos Arietti y el fiscal Jorge Nessier. En el escrito señalaron que la resolución de primera instancia “no reúne las condiciones mínimas necesarias” para determinar el cierre de la causa.
