A casi un año de la presentación de la denuncia penal, esta semana se realizó la primera imputación por peculado en torno al caso Franco Casco. El acusado fue David Reniero, quien hasta fines de 2019 estuvo al frente de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad de Santa Fe.
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El exfuncionario provincial se presentó ante los encargados de la investigación en libertad pero se negó a declarar durante la audiencia. El fiscal Ezequiel Hernández lo señaló como uno de los presuntos responsables del pago de casi un millón de pesos en honorarios de los defensores de policías procesados por la desaparición y muerte del joven en Rosario.
El actual asesor del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados de la provincia descartó contestar preguntas ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Allí lo representó Pablo Cococcioni, otro exintegrante del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Maximiliano Pullaro.
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“No creo haber cometido ningún delito”, comentó Reniero ante la Fiscalía respecto de su trabajo en el Ejecutivo. Según informó Rosario/12, se comprometió a entregar un escrito en su defensa una vez que repase los hechos que se le atribuyen.
De acuerdo a la denuncia que hizo en agosto la gestión actual, la Dirección Provincial de Asuntos Internos gastó de manera indebida alrededor de $936.000 de fondos reservados. El supuesto destino de ese dinero fue pagarles a patrocinantes de los imputados en la causa Casco, que se tramita en el fuero federal desde 2014.
En el marco de esta nueva investigación en la capital provincial, el fiscal Hernández tiene previsto citar a Ricardo Giusepponi, quien secundaba a Reniero en el área de Control. Otro de los nombres clave en la lista de sospechosos es Lucas Peirone, quien era asistente técnico del Ministerio de Seguridad y socio de José Alcácer, apuntado como uno de los abogados que cobró como defensor.
