La decisión de la Cámara de Senadores de Santa Fe de crear una comisión de estudio, seguimiento y evaluación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue rechazada este lunes por la Junta de Fiscales debido a que la consideran “un avasallamiento al Poder Judicial en su conjunto”.
Mediante un comunicado, las autoridades a cargo de las fiscalías penales provinciales indicaron que la resolución en la Legislatura “denota una gravedad institucional inusitada” y es “una clara intromisión en las investigaciones penales en curso”.
La creación de la comisión se enmarca en un enfrentamiento entre un sector del Senado, liderado por el peronista Armando Traferri, y el Gobierno provincial.
El exintendente de San Lorenzo es investigado por dos fiscales de Rosario en una causa sobre juego ilegal. En ese contexto, celebró otra resolución para pedir el archivo por considerar que el proceso en su contra es “inconstitucional”.
En la vereda de enfrente, el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, dijo que los legisladores “quieren controlar investigaciones que comprometen a los factores de poder protegidos por algunos senadores” y opinó que “viola la división de poderes”.
“Permitir que se cree una comisión legislativa para auditar al MPA sería otorgarle funciones al Poder Legislativo que, en un sistema republicano, no le corresponden”, añadió el funcionario en declaraciones formuladas a medios provinciales.
En tanto, el comunicado de los fiscales sostiene que la comisión creada en el Senado “está fuera de todo marco convencional, constitucional y legal, y contradice los artículos 5, 6 y 29 de la Constitución Nacional, y los artículos 1, 2, 9 y 46 de la Constitución Provincial”.
El texto señala que la resolución que creó esa comisión el jueves pasado “fue aprobada por la Cámara alta de forma irreflexiva”, ya que “habrían pasado apenas 24 horas desde la presentación del proyecto” y sostiene que “se fundamenta en afirmaciones falaces e imprecisas, referidas a diversas investigaciones judiciales que han sido llevadas a cabo en el ámbito del MPA”.
El comunicado de los fiscales alude a leyes que establecen “que el MPA tiene sus propios sistemas de control” y advierte que la comisión puede incurrir en delitos “de ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo” y “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El MPA advierte que esa comisión podría convertirse “en una especie de organismo judicial paralelo” y señala que “no existe ley que permita a los legisladores provinciales ‘requerir’ a los ciudadanos que concurran a prestar declaración testimonial en el marco de investigaciones de naturaleza penal”.
El MPA envió el texto al gobernador Omar Perotti, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Provincia; a las cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación; además de a los órganos de procuradores, fiscales, magistrados y funcionarios judiciales, y a autoridades universitarias.
