El martes la Municipalidad de San Luis clausuró un depósito "ilegal" de alimentos, que utilizaba el Gobierno de San Luis, porque el local no contaba con habilitación y la mercadería no tenía control bromatológico.
El procedimiento fue realizado por el personal del Cuerpo Único de Inspectores Municipales (CUIM) y la dirección de Bromatología quienes determinaron irregularidades en un inmueble ubicado en calle Salvador Segado y Ruta Provincial Nº 3, de la capital puntana.
Esteban Pringles, secretario de Hacienda, explicó en una conferencia de prensa que, a través de la inspección, comprobaron que "el lugar no contaba con habilitación, había una gran cantidad de mercadería que es repartida a los merenderos a cargo de la Provincia de San Luis", según informó El Chorrillero.
En la inspección también se hallaron otras anomalías como la falta de certificado de desinfección, libretas sanitarias del personal, indumentaria adecuada, matafuegos, señalización, luces de emergencia, detector de humo, red contra incendio, e informe técnico de seguridad e higiene.
El funcionario también aclaró que el Gobierno provincial tampoco cumplía con "el pago de introducción por casilla sanitaria de los productos depositados en el mismo", requisito indispensable para el traslado de los suministros, que "es una falta grave, porque toda esta evasión trae como consecuencia la carencia de control bromatológico de los alimentos, que después terminan distribuyéndose a los chicos".
Como consecuencia de las irregularidades el inmueble quedó "clausurado con faja" y se ha comunicado al juez de Faltas, Alejandro Ferrari, el acta pertinente, precisó.
Pringles dijo que esta situación ocurre "hace más de un año" pero no lograban detectar el lugar. "Algunos camiones habían sido confiscados y llevados al decomiso, pero ahora pudieron dar con el depósito", agregó y dijo que: "Que el predio no es propiedad del Estado. Por las primeras averiguaciones estaría alquilado por el señor Sergio Tamayo, sabemos es el ex ministro". Se refirió así al actual secretario de Parques y Urbanismo.
Ante estos hechos anticipó que abrirán una "auditoria externa y una determinación de oficio de la cantidad de recursos que dejó de percibir el municipio por esta acción". Luego responsabilizó al Gobierno de San Luis "por la evasión fiscal que ha perjudicado al no pasar la mercadería como lo estipula el Código Tributario y la tarifaria anual vigente".
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Sebastián Páez Segalá insistió en que se trata de "una situación irregular grave porque estamos hablando de la salud de la población de la ciudad de San Luis y porque están evadiendo todos los mecanismos de control" y consideró que "se están aprovechando de aquellas personas que no tienen el acceso a un alimento para brindarles otros que no superan las inspecciones de salubridad".
Páez Segalá planteó que este escenario podría estar replicándose en Villa Mercedes y en otras localidades. Por ello instó a otros municipios a que "hagan este mismo control".
Durante la conferencia de prensa también estuvieron presentes el director de Bromatología, Horacio Elverdín; el secretario de Seguridad, José Pereyra; y el director de Espacios Verdes, Leonardo Aranda.
