Claudia Mercado
Una mujer de Villa Mercedes, San Luis, protagonizó un episodio increíble. Mientras esperaba que el padre de su hijo le transfiriera $8000, se encontró con un depósito algo mayor: $510 millones.
Un error administrativo del Gobierno provincial terminó con la acreditación de esa cantidad de dinero en la cuenta la mujer, que atraviesa una situación de importante vulnerabilidad.
“Al principio pensé que eran 500 mil”, aseguró en diálogo con los medios locales, que la abordaron cuando todo se esclareció. El caso es que en pocas horas la mujer lo gastó: hizo numerosas trasferencias a sus familiares para ayudarlos y se compró hasta un auto.
También compró materiales para su casa y electrodomésticos. “Me encuentro con este dinero y con tanta necesidad, me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Era un regalo de Dios”, señaló Verónica Alejandra Acosta.
“No sabíamos que era dinero del Gobierno. Nunca actuamos de mala fe. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro”, agregó.
En qué gastó el dinero
Los medios locales aseguran que compró alimentos, una heladera, una freidora, un microondas, cerámicos para el piso de su casa y una mochila de inodoro. También dos televisores, uno de ellos para una cuñada, transfirió sumas menores a familiares y hasta se compró un Ford Ka 2014. Según trascendió realizó un total de 66 transferencias y, según ella misma admitió, cada una de estas con el monto de $500 mil.
No obstante, Acosta afirma que, tras conocerse el error, buena parte de los bienes mencionados fueron devueltos en forma voluntaria.
Qué pasó y cómo sigue la investigación
El error habría sido del Gobierno de San Luis, cuyo contador se equivocó con la cuenta a la que debía transferir el dinero. Fue él quien al darse cuenta denunció lo ocurrido, pero por el momento no recibió ningún tipo de represalia.
Acosta se enteró de lo ocurrido porque su excuñada le mandó la noticia. No fue notificada de manera oficial y la policía llegó a su domicilio cuando ella se estaba enterando por internet.
Asimismo, la Justicia también dispuso el allanamiento de la vivienda de la mujer e incautó los celulares de sus hijos. Otras cinco personas también fueron imputadas y se les exigió una fianza de $30 millones a cada una para evitar la prisión preventiva.
“Una medida absolutamente desproporcionada para personas sin recursos, sin antecedentes y con domicilio fijo”, enfatizó el abogado de Acosta, quien apeló los cargos en contra de sus clientes así como también el monto de la caución.
En cuanto al dinero, desde la Fiscalía provincial aseguraron que ya se recuperó el 90% del total. El resto está siendo rastreado en billeteras virtuales.