Ha habido manifestaciones en contra de la decisión del Comité de Crisis de volver a Fase 1 en varias localidades norteñas luego de detectar un caso positivo de COVID-19 en Tilisarao y que, ante la imposibilidad de saber con exactitud con quiénes estuvo en contacto el contagiado, la zona debe permanecer en aislamiento estricto.
Asimismo, un grupo de habitantes merlinos se presentó en la Justicia para pedir que se arbitren todos los medios posibles para reforzar los controles en pasos fronterizos para protegerse del brote que asola a Traslasierra. Atento a ello, el juez Penal de Santa Rosa, Jorge Pinto, dictó una medida cautelar en la que le pide al Ejecutivo " mantener y/o mejorar el estatus sanitario de la provincia de San Luis" manteniendo los controles y las medidas adoptadas.
Pinto no tiene competencia sobre el caso, ya que es de injerencia de la Justicia federal de San Luis, que ya se pronunció a partir de una presentación de productores cordobeses y que le dio la razón al gobierno puntano sobre la necesidad de mantener cerradas y controladas las fronteras provinciales.
El documento de Pinto, que fue firmado este miércoles y trascendió en las últimas horas.
