El magistrado hizo lugar hoy al recurso que presentaron las sociedades rurales de Río Cuarto y de Vicuña Mackenna, la asociación de transportistas de Achiras y el consorcio caminero N° 158, en contra del bloqueo a la circulación impuestas por el Gobierno de San Luis.
"Hágase lugar a la medida cautelar innovativa peticionada, ordenando al señor Gobernador de la Provincia de San Luis que arbitre los medios pertinentes para proceder a la apertura y circulación de la Ruta Nacional N° 8, Ruta Provincial N° 30 y los respectivos caminos vecinales, que se dan en el límite entre la provincia de Córdoba y San Luis, siempre y cuando las personas que pretendan transponer dicho límite provincial, posean el Certificado Único Habilitante para circulación Covid-19", establece la resolución del juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa.
Ochoa también consideró que "los actores han probado con constancias documentales que la provincia vecina de San Luis ha procedido al corte de rutas y caminos, lo que incluso se ha llevado a cabo con elementos que físicamente impiden la circulación, tal como ilustran las fotografías añejadas a la demanda".
En sintonía con lo demandado por los productores y transportistas, que están patrocinados por los abogados Antonio María Hernández y Javier Quiroga, las trabas impuestas por el Gobierno puntano ponen en riesgo "derechos y garantías de raigambre constitucional, cuya tutela no admite demoras puesto que la libre circulación en rutas argentinas está garantizada por la Constitución Nacional"
