En menos de 24 horas, el Gobierno nacional dio marcha atrás a la autorización del aumento de prepagas. Ayer, las empresas de medicina prepaga habían sido autorizadas a incrementar el valor de los planes un 7% a partir de febrero próximo.
Mediante un Suplemento del Boletín Oficial publicado a las 16 horas de ayer, el Ministerio de Salud publicó la Resolución 2988/20201, que lleva la firma del ministro Ginés Gonzalez García, en la que en el primero de sus artículos señala que se deja “sin efecto la Resolución N° 2987 de fecha 30 de diciembre de 2020 del Ministerio de Salud”.
En los considerandos de la norma que frena el incremetnto, el texo hace referencia a que se tomó “por expresa decisión del Sr. Presidente de la Nación” y no indica cuándo se autorizaría el incremento.
La norma, cuya vigencia fue efímera, establecía que se autorizaba “a todas las entidades de medicina prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) un aumento general, complementario y acumulativo del aprobado para diciembre de 2020, de hasta un 7% a partir del 1º de febrero de 2021″.
Las compañías del sector reclaman que les permitan realizar aumentos desde hace meses. En este sentido, la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (CIMARA) y la Asociación de Entidades de Medicina Privada (ADEMP) adviritieron el impacto del incremento de los costos del rubro, especialmente en el delicado contexto de atención durante el brote del coronavirus, que demandó “esfuerzos inusitados del personal de salud”, por lo que requirieron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que autorice los nuevos aumentos.
Si bien las cuotas de la medicina privada no habían registrado suba alguna hasta diciembre, el sector recibió algunos beneficios por parte del Gobierno para llevar adelante su actividad. Por tratarse de un rubro “esencial”, las empresas de salud estuvieron incluidas en el Programa ATP, por lo que el Estado absorbió el pago de una parte de los salarios de sus empleados.
Asimismo, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 300/2020, destinado a beneficiar a los “empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud”. A través de esa normativa, que estuvo vigente hasta fines de noviembre, las empresas estuvieron eximidas del pago de contribuciones patronales y pagaron una alícuota menor del impuesto a los débitos y los créditos bancarios, conocido como “el impuesto al cheque”.
