El Gobierno oficializó un aumento del 7% para las prepagas a partir de febrero

El incremento será más bajo de lo anunciado: las cuotas subirán un 7%, en lugar del 10% que se había informado a fines de octubre.

El último incremento de los valores de los planes de salud privada fue del 15% en diciembre.
El último incremento de los valores de los planes de salud privada fue del 15% en diciembre.

El Gobierno autorizó hoy un aumento del 7% en las cuotas de las prepagas a partir de febrero de 2021. Los incrementos se oficializaron con la publicación de la resolución 2987/2020 en el Boletín Oficial, que lleva la firma del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

El sector prevía un incremento en las cuotas del 10%, según lo anunciado a fines de octubre. Pero finalmente el Gobierno autorizó una suba del 7% desde el segundo mes del año, después de que se aplicara en diciembre un incremento de 15% a los valores de los planes de salud privada.

Autorízase a todas las entidades de medicina prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) un aumento general, complementario y acumulativo del aprobado para diciembre de 2020, de hasta un 7% a partir del 1º de febrero de 2021”, indica el comunicado oficial.

Todos los incrementos deben ser autorizados por el Gobierno y notificados por cada prepaga a sus afiliados con al menos 30 días de anticipación en relación al vencimiento de los pagos.

Las prepagas deberán informarles los aumentos a sus afiliados con al menos 30 días de anticipación en relación al vencimiento de los pagos.
Las prepagas deberán informarles los aumentos a sus afiliados con al menos 30 días de anticipación en relación al vencimiento de los pagos.

Entre los considerandos, el texto destaca que a lo largo de 2020 y a raíz de las diferentes medidas de aislamiento y distanciamiento social decretadas por la pandemia, “se produjo una limitación en la circulación de las personas, con el consecuente impacto en la economía, afectando a las empresas, a las actividades independientes y al empleo, del cual no resultaron ajenos el sistema sanitario y sus actores”.

En esa misma línea, remarca “que la merma en la actividad productiva, consecuencia inevitable de las medidas adoptadas, se ve reflejada en la recaudación tributaria y, consecuentemente, en los recursos destinados a los agentes del seguro de salud” y que la situación descripta amenazó “la cadena de pagos del sistema”, en momentos en los que el sector resulta clave para minimizar los impactos de la pandemia y brindar la debida atención de sus beneficiarios”.

La Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (CIMARA) y la Asociación de Entidades de Medicina Privada (ADEMP) adviritieron el impacto del incremento de los costos del sector, especialmente en el delicado contexto de atención durante el brote del coronavirus, que demandó “esfuerzos inusitados del personal de salud”, por lo que requirieron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que autorice los nuevos aumentos.

Por tratarse de un rubro “esencial”, las empresas de salud estuvieron incluidas en el Programa ATP.
Por tratarse de un rubro “esencial”, las empresas de salud estuvieron incluidas en el Programa ATP.

Las entidades representativas del sector han expresado su preocupación por el estado crítico en que se encuentra la mayoría de los prestadores y enfatizado en la necesidad de incrementar los valores retributivos que perciben por las prestaciones que brindan, a fin de paliar dicha situación y garantizar su continuidad”, argumenta la resolución en relación al contexto de emergencia sanitaria.

Si bien las cuotas de la medicina privada no habían registrado suba alguna hasta este mes, el sector recibió algunos beneficios por parte del Gobierno para llevar adelante su actividad. Por tratarse de un rubro “esencial”, las empresas de salud estuvieron incluidas en el Programa ATP, por lo que el Estado absorbió el pago de una parte de los salarios de sus empleados.

Asimismo, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 300/2020, destinado a beneficiar a los “empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud”. A través de esa normativa, que estuvo vigente hasta fines de noviembre, las empresas estuvieron eximidas del pago de contribuciones patronales y pagaron una alícuota menor del impuesto a los débitos y los créditos bancarios, conocido como “el impuesto al cheque”.