Una investigación que duró más de dos meses derivó este lunes en la captura de dos policías por venta de armas en Rosario. El arresto se confirmó al cabo de un amplio operativo que incluyó la provincia de Entre Ríos y se concretó con el aporte de agentes encubiertos para dar con la banda.
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El ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, destacó que el procedimiento concluyó con un “decomiso millonario” para desactivar una organización que operaba en el mercado negro. Por su parte, la fiscal regional María Eugenia Iribarren enfatizó que incautaron casi 3.500 municiones y consideró que “son 3.500 disparos menos” en una ciudad donde las balaceras son uno de los principales problemas.
Según fuentes oficiales, la denuncia sobre el caso se hizo en enero y el principal sospechoso pertenece al Comando Radioeléctrico, aunque actualmente se encontraba de licencia. A partir de las tareas coordinadas con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) destacaron que la pesquisa permite tener “una idea más clara” sobre la operatoria de delincuentes violentos y comprobaron que “las municiones provienen de un circuito legal”.
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A raíz de las órdenes de los fiscales Pablo Socca y Valeria Haurigot, las fuerzas de seguridad secuestraron 31 armas de grueso calibre entre las que se incluyen una veintena de rifles. Los 12 allanamientos incluyeron la localidad entrerriana de San José de Feliciano, ubicada unos 250 kilómetros al noroeste de Paraná, y permitieron además hallar joyas y dinero.
Un aspecto novedoso de la investigación es que la banda estuvo en contacto con policías encubiertos. Esta labor se llevó cabo mediante la figura del “agente revelador”, contemplada en la Ley 27.319 de Delitos Complejos.
Los infiltrados
El personal de la AIC se dedicó a realizar entregas vigiladas y así dio cuenta del movimiento de una importante cantidad de municiones. En el seguimiento de la banda también constataron la compra nueve fusiles estadounidenses y japoneses con miras telescópicas sofisticadas.
El policía del Comando Radioeléctrico identificado por la Justicia era parte del circuito de comercialización y la Fiscalía determinó que el botín había sido robado a un productor agropecuario de Córdoba. La víctima había denunciado el hecho en enero y había registrado todos los elementos faltantes ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
Según informó el Ministerio de Seguridad provincial, el dueño legítimo había sido asaltado en su casa por un grupo de delincuentes. En ese momento le arrebataron más de 30 armas de fuego de distinto calibre.
El trabajo de los investigadores para seguir la ruta del arsenal sustraído desembocó en una armería, la cual fue allanada al igual que la casa de su dueño. La hipótesis de la Policía es que este negocio proveía las municiones que luego ingresaban al mercado negro.
