Santiago Caputo en la mira: socialistas promueven declaración jurada obligatoria

Los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto para modificar la Ley de Ética Pública.

Santiago Caputo en la mira: socialistas promueven declaración jurada obligatoria
El consultor político es sobrino del ministro de Economía de la Nación.

La actividad de Santiago Caputo dentro del círculo de máxima confianza de Javier Milei ha generado varias críticas de la oposición y este lunes dio pie a una iniciativa legal. El bloque del Partido Socialista (PS) planteó en la Cámara de Diputados de la Nación la necesidad de una declaración jurada obligatoria por parte de este tipo de asesores.

Mónica Fein y Esteban Paulón proponen una regulación más estricta de los consejeros presidenciales. “No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas sobre su patrimonio antes, durante y después de su función pública”, argumentó la exintendenta de Rosario.

¿Por qué el socialismo pide una declaración jurada de Santiago Caputo?

De acuerdo a la normativa actual, Santiago Caputo no tiene la obligación de hacer una declaración jurada en el cargo que ocupa. Ante esta situación, los legisladores socialistas quieren modificar la Ley 25.188 de Ética Pública.

La reforma que impulsan Fein y Paulón añade requisitos al primer artículo y un nuevo inciso en el quinto. El objetivo es ganar “claridad” sobre el vínculo del Estado y los funcionarios, así como garantizar el cumplimiento de tratados internacionales contra la corrupción.

En cuanto a la situación de Caputo, Paulón recordó el llamado de atención del expresidente Mauricio Macri sobre el “control del poder” que ejerce el consultor de 40 años. “En los registros aparece como un simple monotributista contratado”, observó.

El proyecto del socialismo pretende cambiar el encuadre normativo sobre la obligatoridad de las declaraciones juradas en la esfera de la Alta Dirección Pública (ADP). Según el análisis de los legisladores, la interpretación actual de la Oficina Anticorrupción limita la información pública, favorece la corrupción y tráfico de influencias.

Fein considera “fundamental” el acceso a los datos sobre el patrimonio de los asesores presidenciales. “Queremos impedir que quienes manejan áreas clave del Gobierno puedan actuar sin transparencia ni controles”, explicó Paulón.