El avance de una nueva investigación sobre “Los Monos” generó una crisis en la Fiscalía Regional de Rosario. Ante este conflicto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) separó a Miguel Moreno y Pablo Socca de la causa. Lo mismo ocurrió este viernes con su colega Matías Edery, que tenía como informante a una de las principales imputadas.
Fuentes oficiales anunciaron este viernes la apertura de un proceso de monitoreo durante 90 días. De esta manera, las máximas autoridades del organismo judicial decidieron revisar el funcionamiento de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, la unidad de Homicidios Dolosos y el equipo de Abordaje de Hechos Cometidos con Armas de Fuego.
En la resolución 337, la fiscal general María Cecilia Vranicich propuso a Leandro Mai como responsable de la revisión en Rosario. El auditor general ya inició un trámite similar a nivel administrativo para analizar la conducta de Edery ante el presunto encubrimiento de Mariana Ortigala, denunciada como testaferro de “Los Monos”.
Ante el diagnóstico de una “situación de gravedad institucional”, la jefa regional del MPA, María Eugenia Iribarren, ratificó las medidas adoptadas. Durante el proceso de monitoreo, Socca y Moreno no seguirán investigando el intento de extorsión al dueño de la agencia El Califa.
A partir de esta decisión, la causa que involucra a Ortigala y Ariel Máximo “Guille” Cantero quedó en manos de la fiscal Juliana González. Este corrimiento se produjo ante “motivos graves que pueden afectar la objetividad en el desempeño” de los funcionarios.
Por otra parte, Iribarren utilizó el mismo criterio en el caso de Edery. El integrante de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos quedó al margen de otras investigaciones sobre su informante y el resto de las personas imputadas por los aprietes mafiosos.
¿Por qué apartaron a tres fiscales de Rosario?
Según explicó María Cecilia Vranicich, los tres fiscales rosarinos fueron separados de diferentes causas para “evitar mayores consecuencias dañosas”. La titular del MPA consideró que es necesario “restaurar la cohesión interna” en la institución ante la interna que estalló desde la imputación a Mariana Ortigala.
El proceso de monitoreo habilita a Leandro Mai a comprobar el funcionamiento de los despachos y evaluar el desempeño de los funcionarios. El objetivo de esta medida es detectar buenas y malas prácticas como primer paso para salir de la crisis institucional.
Vranicich también lanzó una advertencia sobre las declaraciones de los fiscales. Al respecto, pidió que eviten cualquier defensa, acusación o planteo en las audiencias o a través de los medios de comunicación.
Finalmente, la resolución del MPA dispone la intervención de la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos de la Fiscalía General. El área que conduce Gustavo Javier González debe articular medidas con las autoridades regionales de Rosario.
