Mediante el Decreto 427/2021, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la decisión de traspasar a la Administración General de Puertos (AGP) el control sobre el principal paso para las exportaciones agroindustriales, la Hidrovía Paraná - Paraguay.
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La resolución cuenta con las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.
De esta forma, se resolvió otorgar a la AGP “la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal”.
La medida se aplica “desde el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior“.
De esta manera, el Gobierno da un giro en el control la vía fluvial por la que salen el 80 por ciento de las exportaciones argentinas. Desde 1995, la empresa Hidrovía SA, conformada por el gigante belga Jan de Nul en sociedad con la argentina Emepa SA, se encuentra un cargo del dragado y balizamiento de la mencionada vía navegable.
En Transporte insisten en que la posibilidad de transferir el control de la Hidrovía a la AGP estaba en los planes alternativos que manejaba Meoni antes de morir. En el Ejecutivo sostienen que el decreto que otorga el control a la AGP servirá para dar previsibilidad a los usuarios de la ruta fluvial.
En este marco, el Ministerio de Transporte, se encargará de “la confección, suscripción y aprobación del contrato de concesión” a celebrar con la empresa del Estado, en el cual se fijarán las condiciones de prestación del servicio, que tendrá un plazo de doce meses, a partir del próximo 30 de julio cuando vencerá la última prórroga de la concesión actual.
En el contrato de concesión se establecerá “la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje” que percibirá la AGP, “sin perjuicio de las subvenciones, subsidios y / o transferencias de aportes del Estado Nacional que transitoriamente resulte necesario efectuar, a los multas establecidas en el contrato“.
Además definirá “la delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y/o secciones en las que se conformará o segmentará la Vía Navegable Troncal, para que dichos tramos en cualquier momento se puedan afectar respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, con relación a los distintos servicios que se prestan en los mismos“.
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El Ministerio de Transporte también definirá “el plan de obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para su ejecución, como así también los niveles de calidad o estándares para la prestación adecuada de los servicios conexos involucrados”.
La Administración General de Puertos -a cargo del interventor José Beni, un técnico que reporta al Instituto Patria y trabajó a las órdenes de Néstor Kirchner en Santa Cruz, deberá celebrar “las contrataciones necesarias para garantizar la navegabilidad de la Vía Navegable Troncal, manteniendo el nivel actual de prestación del servicio “.
También se instruyó a la AGP, la incorporación del personal que, a la fecha de finalización de la concesión actual, se desempeñare prestando servicios para la misma.
A partir de esta resolución del Gobierno, el Estado se hará cargo del mantenimiento del sistema y cobrará un canon, mientras los privados continuarán con los trabajos de dragado y balizamiento de la Hidrovía, que tiene 3.500 kilómetros de extensión y por allí pasa la mayoría del comercio exterior argentino.
