Pasado un mes y medio desde que le dictaron prisión domiciliaria bajo sospecha por delitos de lesa humanidad, la Fiscalía federal de Rosario pidió la ampliación de la indagatoria de Pedro Alberto Ramón Tiscornia. Según informaron fuentes oficiales este martes, los investigadores le atribuyen amenazas a Rafael Bielsa y otra funcionaria que trabajó en ese fuero.
De acuerdo a la evidencia recabada en otras causas referidas a lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar, el ex funcionario judicial obligó a renunciar al actual embajador de Chile. Lo mismo ocurrió con Adriana del Huerto Cuaranta, que luego se convirtió en jueza provincial.
El fiscal federal Federico Reynares Solari sostuvo que no se refiere a delitos conexos, sino a una “parte del mismo plan” dentro del “programa represivo ilegal” dentro de los Tribunales de Bulevar Oroño al 800. Ambas víctimas fueron secuestradas en 1977, aunque Bielsa recién dejó su cargo cuando lo liberaron.
Cuaranta llevaba dos años como auxiliar de Tiscornia cuando su jefe le pidió la renuncia. Como único argumento le dijeron que era una exigencia de “la superioridad”. Ante esta situación, recurrió al presidente de la Cámara Federal de Rosario, Celestino Araya. El magistrado le recomendó que cumpliera porque no podía darle “garantías de vida” ante su situación.
Al ex fiscal lo detuvieron el 16 de mayo por un primer pedido de indagatoria que también involucró a su colega José Luis Vázquez y a Horacio Claverie, ex secretario del Juzgado Federal N°2 de Rosario. Ambos se presentaron y permanecen en libertad.
