El fiscal de Melincué Matías Merlo presentó la acusación contra 18 personas en el marco de la investigación que llevó a cabo por estafas con inmuebles urbanos y rurales del sur de la provincia, efectuadas por una asociación ilícita. El documento fue presentado ante el juez Benjamín Révori e incluye pedidos de hasta 16 años de prisión.
El fiscal precisó que entre los imputados hay "escribanos, abogados y personas con conocimientos contables". y agregó: "En todos los casos, y de acuerdo al rol que cumplían en la asociación ilícita, solicitamos penas privativas de la libertad y el pago de multas económicas que llegan a 2.340.000 pesos".
Merlo indicó que tras las múltiples denuncias "se hizo un detallado entrecruzamiento de datos en el Registro de la Propiedad y se resolvió crear un solo legajo". De esa manera, la Fiscalía pudo acreditar "un total de 30 maniobras defraudatorias", dijo el fiscal.
Una vez que la investigacion tomó estado público, se recibieron nuevas denuncias por lo que se inició "una segunda etapa a partir de la información aportada por nuevas víctimas", manifestó el representante del Ministerio Público de la Acusación.
Sobre los detalles de cómo funcionaba la banda, el funcionario explicó que "comenzó a operar de forma permanente y mantenida en el tiempo hace siete años. Estaba perfectamente montada, con la misma gente involucrada, el mismo modus operandi y el mismo objetivo común".
"El fin que se proponían era la realización de diversas maniobras fraudulentas para apoderarse de los inmuebles pertenecientes a personas ancianas o ya fallecidas, ubicados en el departamento General López y en el sur provincial", añadió.
Merlo señaló que dentro del grupo había diversas "funciones para lograr eficiencia y con jerarquías entre sus integrantes" y que el jefe de la banda era "un abogado de Venado Tuerto cuyas iniciales son ADB".
El fiscal manifestó que "de la investigación se desprende que para concretar las maniobras, los integrantes de la asociación ilícita –con pleno conocimiento de su accionar– confeccionaban los instrumentos jurídicos que necesitaban. De esta manera, desapoderaban a los titulares registrales de los inmuebles afectados para transferirlos a nombre de alguno de los integrantes de la asociación ilícita y/o de terceros".
