Comenzaron a funcionar los equipos de monitoreo que desarrollarán las capacitaciones hasta fin de año, en el marco del convenio de colaboración en el abordaje de la problemática de violencia contra las mujeres entre la Municipalidad de Rosario y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Dicho convenio plantea un acuerdo de trabajo conjunto contra la violencia de género y la implementación de la ley N° 27.499, más conocida como Ley Micaela.
"Queremos abordar las situaciones de violencia de género en los distintos territorios de la ciudad, de manera integral. Para eso es necesario que podamos establecer niveles de formación y capacitación, de intercambio entre las y los trabajadores del Poder Judicial, los funcionarios y también las y los trabajadores del Ejecutivo Municipal. A partir del mes de abril, estaríamos comenzando las capacacitaciones y los intercambios con las y los trabajadores del Estado", destacó la subsecretaria de Desarrollo Social, Mónica Peralta.
Los equipos de monitoreo y capacitación están formados por trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Municipal de la Mujer, Secretaría de Salud y de la Corte de Justicia de Santa Fe.
El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la intendenta Mónica Fein firmó junto a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, María Angélica Gastaldi, un acuerdo para llevar a cabo acciones para abordar la problemática de violencia contra las mujeres.
El convenio tiene como objetivos poder llevar acciones conjuntas para abordar esta problemática, brindar asesoramiento técnico, llevar a cabo el análisis de las situaciones, repensar las estrategias de intervención, intercambiar información, y fundamentalmente realizar encuentros de formación y sensibilización permanentes entre las partes involucradas. Además, desde una mirada integral, busca fortalecer las instituciones y seguir generando acciones en pos de la erradicación de la violencia hacia las mujeres.
La Ley N°27499, denominada Ley Micaela, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.
En este sentido, las partes se comprometieron a impulsar su implementación, entendiendo necesario aunar sus esfuerzos para posibilitar y fortalecer la capacitación sobre perspectiva de género de todas las personas que integran áreas del Estado, fortaleciendo los planes de formación en dicha temática a fin de lograr un cambio cultural.
