La Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana remitió al corralón a 676 remises truchos, todo un récord, en comparación con los años anteriores: 267 en 2017 y 108 en 2016. Los números se dieron a conocer en un contexto en el que se vincula a la banda narcocriminal Los Monos a la explotación de este servicio ilegal, mientras se investiga la balacera que sufrió el Concejo Municipal.
El titular del área, Guillermo Turrin, explicó que a diez días de finalizar el año, la Dirección de Fiscalizaciones duplicó las remisiones de coches de servicio público que funcionan por fuera de los registros oficiales, a partir de un fortalecimiento de las investigaciones preventivas.
Turrin comentó que las fiscalizaciones se desarrollan junto a personal de la Unidad Regional II, todos los días en distintos horarios y se concentran en las zonas urbanas más frecuentadas. Por ejemplo, la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, los shoppings, hospitales y el casino.
Los agentes piden la detención de los vehículos, se les exige a los conductores la documentación obligatoria para circular y en este marco es cuando se detecta si la unidad está funcionando como coche de alquiler ilegal.
Otro dato concluyente es la existencia de un presunto pasajero a quien se le pregunta por su presencia en el auto y qué vínculo tiene con el conductor. En este punto se logra determinar, en general, que se está frente a un traslado no reglamentario.
El procedimiento continúa invitando al pasajero a seguir viaje en un taxi legal mientras que el costo es absorbido por las cámaras de titulares de taxis de Rosario. Por su parte, el chofer debe salir del remís "trucho", el que se acarrea al corralón. En tanto, el personal actuante secuestra elementos que prueben la actividad ilícita, como equipos de comunicación o planillas de servicios y tarifas.
Además de las intervenciones en la vía pública, algunas remisiones surgen de denuncias efectuadas por ciudadanos al Sistema Único de Atención Ciudadana (SUA). La gran mayoría de los autos ilegales pertenecen a remiserías clandestinas, muchas ubicadas fuera del radio urbano local. En caso de identificarse el local se da intervención a la Guardia Urbana Municipal (GUM) que se encargará de su clausura.
Finalmente, interviene el Tribunal de Faltas que es el que dispondrá, posteriormente, las sanciones económicas tanto para el conductor como para el titular de la unidad.
