Investigan una estafa sistemática a jubilados y beneficiarios de planes sociales en Rosario

Advierten que la empresa Social Card engaña a sus clientes para hacerse del dinero mediante débito automático.

Los promotores suelen contactar a las víctimas cuando salen de cobrar. (@12noticiastv)
Los promotores suelen contactar a las víctimas cuando salen de cobrar. (@12noticiastv)

La Oficina Municipal del Consumidor de Rosario informó esta semana sobre las maniobras de engaño que lleva a cabo una empresa dedicada a brindar servicios de ayuda social, la cual apunta principalmente a jubilados y titulares de planes de asistencia estatal.

Al menos una decena de personas presentaron denuncias similares contra Social Card, la firma que está bajo sospecha en la ciudad después de repasar los casos en los que se repite tanto el mecanismo como el perfil de quienes caen en la estafa. Según informaron desde el organismo, la compañía ya es objeto de investigaciones similares en Salta y Mar del Plata, lo que no le impide seguir contactando a otras potenciales víctimas.

La titular de la repartición, María Julia Bonifacio, explicó que los clientes acceden ante "un sistema fácil de contratar pero prácticamente imposible de dar de baja". En cuanto al modus operandi, señaló que los promotores suelen ir a los bancos donde cobran los beneficiarios y les ofrecen un contrato para adherirse a un sistema de débito automático en las cuentas les depositan pensiones sociales y asignaciones.

"Todas estas personas damnificadas se encuentran expuestas por sus condiciones sociales y son avasalladas en sus derechos individuales", remarcó la funcionaria. Además de la modalidad antes descrita, también se ha constatado en otras denuncias que existen cobradores que también pasan por las casas de los clientes a retirar el dinero en efectivo.

Entre las cláusulas abusivas descubiertas, la Oficina del Consumidor apuntó que Social Card exige un "tiempo mínimo de vigencia" antes de rescindir el vínculo. De lo contrario, se establece el pago de seis cuotas mensuales como compensación. A esto se suma el preaviso obligatorio con 60 días de antelación en caso de querer dejar sin efecto la cobertura y nunca antes del primer semestre. La modificación unilateral de los términos sin consentimiento, y la posibilidad de transferir clientes a otra empresa son otros de los puntos que genera un "desequilibrio significativo" en perjuicio de los beneficiarios.