A dos años y medio de la desaparición de un nene de 3 años en el noroeste santafesino, la Corte Suprema de la Nación ordenó que el Juzgado Federal de Rafaela se haga cargo de la investigación que había iniciado a fines de 2015 el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La resolución había sido solicitada poco antes del primer aniversario de la búsqueda iniciada en Ceres, donde Maximiliano Sosa fue visto con vida por última vez. La fiscal Hemilce Fissore había señalado la falta de competencia del fuero provincial ante la posibilidad de que el niño hubiera caído en una red de trata de personas, pero el recurso fue rechazado tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones local.
"La Justicia federal no puede declinar su competencia ni rechazar la que se le pretenda atribuir sin antes realizar las medidas necesarias para establecer si se halla configurado o no ese ilícito", había planteado Eduardo Casal, procurador general interino. El dictamen firmado a fines de febrero pasado fue uno de los argumentos a los que recurrió el máximo tribunal para exigir que las autoridades rafaelinas pongan manos a la obra luego de desestimar el pedido que el MPA hizo hace un año y medio.
Voceros de la Justicia provincial recordaron que las medidas tomadas hasta este desenlace permitieron dejar en prisión preventiva a la abuela del menor y a su pareja. Ambos fueron imputados por sustracción de persona menor de 10 años y a la mujer de 41 se la acusó además por realizar una falsa denuncia en torno al hecho reportado el 21 de diciembre de 2015.
