En una audiencia que pasará a la historia, el ex fiscal regional, Patricio Serjal, fue imputado por la causa en la que se investiga el cobro de coimas a una banda dedicada a la extorsión y al juego clandestino. Recibió prisión preventiva.
Los fiscales Gisela Paolicelli, María Eugenia Iribarren, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos le imputaron a Serjal que en carácter de fiscal regional de Rosario incurrió en los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, transmisión de datos reservados, omisión de persecución, peculado de servicios, entre otros.
Entre los numerosos delitos que se le achacan se mencionó que junto al ya imputado fiscal suspendido, Gustavo Ponce Asahad, y su empleado -también imputado- Nelson Ugolini diseñaron y ejecutaron un plan cuyo objeto fue recibir dinero del empresario del juego, Leonardo Peiti, y a cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos y/o interferir en las investigaciones en curso y/o retardar u omitir dictámenes propios de su competencia. El objetivo era que no prosperaran imputaciones contra Peiti, acuerdo sellado entre las partes en 2018.
La Fiscalía aseveró que el 14 de noviembre de 2019, Serjal se alojó en el Hotel Etolie de Recoleta, donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de una cuota de entre u$s4 mil y u$s5 mil mensuales y pedirle un aumento. En este caso, los fiscales además acusaron a Serjal de haber hecho un viaje exclusivamente recreativo junto a un amigo en días laborables, usando el Toyota Corolla oficial conducido por el chofer por sus funciones, y solicitando reintegro de gastos de carga de combustible por la suma de $2.780 y $2.923.
Paralelamente, Ponce Asahad oficiaba de intermediario entre Serjal y Peiti, pasando información al empresario y recolectando el dinero. Uno de esos encuentros ocurrió el 9 de julio, cuando se reunieron en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario o Centro Cultural Árabe "Lamame Charife" de Dorrego 1251, donde Peiti hizo entrega de u$s10 mil. En otras oportunidades las reuniones se daban en el Bv. Oroño esquina calle Mendoza.
También se achacó a Serjal observar un diagrama de la estructura que era objeto de una investigación que tenía como sospechoso a una asociación ilícita integrada entre otros por Alejandro Torressi, ya imputado y el propio Peiti, por lo cual dio aviso a este último a través de Ponce Asahad, que le pidió u$s100 mil para frenar la causa. A esto se suman los avisos de Ugolini vía WhatsApp sobre causas que tenían involucrados a Peiti o a otros integrantes de la banda.
"Serjal, conjuntamente con Ponce Asahad y Ugolini, obstaculizaron la investigación penal por juego clandestino a cargo de Matías Merlo, fiscal de Melincué, que llevaba como imputado a Peiti, informando al imputado la existencia de la investigación y la solicitud de los allanamientos, y creando una causa paralela a cargo de Ponce Asahad. Esto les permitió justificar acceder a información vinculada a las investigaciones y vincular a un legajo propio los legajos a cargo de la Unidad de Delitos Económicos sobre juegos de azar, en el cual solicitó una veintena de allanamientos", indicaron los fiscales.
Por otro lado, señalaron que el ex fiscal regional sabía q Peiti estaba siendo víctima de hechos violentos por parte de la banda encabezada por el imputado Maximiliano Díaz, y sin embargo omitió una investigación al respecto.
La Jueza de Primera Instancia, Eleonora Verón, tuvo por formalizada audiencia imputativa y dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.
