A una semana de la quinta marcha nacional del movimiento Ni Una Menos contra los femicidios, la diputada santafesina Lucila De Ponti aseguró que el Gobierno subejecuta el presupuesto destinado a tratar la problemática e invierte apenas 7 pesos por mujer. Este martes la legisladora reclamó la sanción de la emergencia social en materia de violencia de género y explicó las fallas de las políticas actuales.
A continuación, el texto completo de la dirigente perteneciente al Movimiento Evita y autora del proyecto vinculado al tema en la Cámara baja.
"Marcho porque estoy viva, pero no sé hasta cuándo". Entre todas las frases y consignas, esta encierra una verdad tan conmovedora como certera. Porque no importa en qué rincón de nuestro país estemos, no importa nuestra edad, condición socioeconómica o el nivel educativo: todos los días -en promedio- una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer. Y aunque no es una problemática nueva, sí es cierto que nunca como ahora se logró ponerla en la centralidad del debate público y político, fundamentalmente gracias a la lucha del feminismo y el movimiento de mujeres. Sin embargo, todavía no hay un correlato entre la visibilización de esta situación y una respuesta acorde desde el Estado.
Las herramientas institucionales que hoy existen son insuficientes, están desfinanciadas y son incapaces de alcanzar el objetivo que persiguen: la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Por eso impulsamos la Emergencia Social en Materia de Violencia Contra las Mujeres, un proyecto de Ley que nace desde las organizaciones sociales, de mujeres y que cuenta con el acompañamiento de legisladores de diferentes espacios políticos. Lo hacemos porque necesitamos dar una respuesta urgente y esto solamente es posible de la mano de un Estado que se ponga a la cabeza de esta lucha y destine los recursos necesarios para llevarla adelante. No alcanza con declaraciones a los medios y homenajes en las redes sociales. No alcanza con sostener un cartel una vez por año. Necesitamos políticas públicas concretas y las necesitamos ahora.
Otra vez, como en cada aniversario del #NiUnaMenos, millones de mujeres salimos a la calle para exigir que paren de matarnos, que la Justicia deje de criminalizar a las víctimas, que los medios de comunicación dejen de estigmatizarnos; pero fundamentalmente que desde el Estado se trabaje de forma activa en la prevención, algo que hoy no sucede.
Porque el único organismo encargado de diseñar políticas específicas para combatir esta situación -El Instituto Nacional de las Mujeres- sufrió un fuerte recorte en términos absolutos y relativos en su presupuesto para 2019. Su Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres recibió este año un 40% menos que en 2018, lo que sumado a la inflación significa un recorte de recursos del 60% en solamente un año. El número final que se obtiene es que el Estado asigna en la actualidad poco más de $11 por mujer al año para protegerla. El colmo es que ese presupuesto además se encuentra subejecutado, por lo que la cifra final ronda los $7 por mujer por año, un número que a todas luces resulta absolutamente insuficiente.
¿Por qué impulsar entonces una ley que declare la emergencia nacional en violencia de género? Porque permitiría al Estado, entre otras cosas, disponer y reasignar las partidas presupuestarias para tomar medidas concretas. ¿Cuáles serían esas medidas? Crear un programa de promotoras territoriales de género para detectar e intervenir en zonas de alta vulnerabilidad social, formar unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención, la construcción de centros de día y refugios para quienes sufren violencia, poner en marcha un plan de alerta temprana coordinado con fuerzas de seguridad y un programa de independencia económica y habitacional para víctimas, entre otras iniciativas.
¿Es posible conseguir avanzar con este proyecto? Tenemos como antecedente dos pasos significativos que logramos dar en este sentido. Uno fue la sanción a fin del año pasado de la Ley Micaela, la cual establece una capacitación obligatoria en género para todas y todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. El otro sucedió meses antes y fue la "Ley Brisa" de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Sin dudas son dos muestras que nos permiten ser optimistas ante este pedido de lograr soluciones concretas para una situación que no puede esperar.
Por eso reafirmamos que la única forma de poder transformar estas cifras e índices preocupantes es con políticas públicas, con un Estado presente que trabaje de forma activa y que cuente con los recursos adecuados para hacerlo. Pasar de los discursos a la práctica para que podamos vivir una vida libre de violencias. Llegó la hora de que la política se ponga al servicio de brindar una solución. Sin recursos, no podemos hablar de prevención.
Sin prevención, nunca vamos a tener "Ni Una Menos". Las mujeres ya salimos a las calles y nos hicimos oír. Ahora le toca a la política hacer realidad de una vez por todas estas demandas.
