El inmueble en cuestión se encuentra intervenido por la Justicia en una causa por lavado de dinero y había sido entregada al propietario en abril pasado. Se trata de una de las 26 propiedades que pertenecen a Máximo y su hermana Florencia Kirchner.
Según indica Clarín, la vivienda se convirtió en objeto de una inesperada disputa con la interventora Raquel Moyano, pues la casa había sido usurpada, luego fue robada y Máximo Kirchner pide que la Justicia se haga cargo de ese deterioro.
Formalmente el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que actúa en la causa no le entregó el manejo de la casa a los Kirchner, sino sólo el permiso para su uso con algunas exigencias. A raíz del marcado deterioro que dejó el último inquilino, el TOF 5 había ordenado a la interventora que se realicen las reparaciones necesarias. La pandemia impidió los trabajos y en las últimas semanas, "se registró un ingreso forzoso a la propiedad". Es por eso que la defensa de Máximo Kirchner denunció a la interventora por no haber cuidado la casa. La propiedad se encuentra en Río Gallegos, sobre la calle 25 de mayo.
En el marco de las causas judiciales, en junio de 2017 se designó como interventora a Raquel Moyano. Su manejo de las propiedades de los Kirchner derivó en sendos reclamos por parte de la defensa de la familia. Algunos inmuebles nunca más lograron alquilarse -como el departamento que usaba Cristóbal López en Puerto Madero y unidades en Río Gallegos-, y hay hoteles que aún se mantienen cerrados. Incluso la casa patagónica Los Sauces sufrió un marcado deterioro y la Justicia autorizó a la familia a realizar las reparaciones correspondientes para que su valor no decrezca.
Recuperación
Previo al inicio de la cuarentena por la pandemia del Covid-19, el abogado Carlos Beraldi presentó un escrito en nombre del diputado nacional, donde pedía recuperar el manejo de una de las propiedades para su ex pareja e hijos. Se trata de un inmueble que se encontraba en alquiler, pero al recuperar su posesión también detectaron que estaba muy deteriorado.
La interventora informó que la casa muestra un “estado deplorable, producto de las actitudes propias de incivilidad del ex locatario, rayanas con lo delictual”.
Sucedió que esa propiedad en lo formal contaba con un inquilino, pero en la realidad había quedado prácticamente "usurpada". No se pagaba el alquiler y después de un reclamo judicial se consiguió la orden de desalojo.
La intervención ordenó realizar las reparaciones necesarias pero la situación por el rebrote de coronavirus en la ciudad capital, encontrándose ahora en Fase 1, complicó todas las tareas de refacción.
Otro problema que surgió es que pese a estar tapiada la vivienda, hubo un ingreso forzoso que se denunció en la comisaría de Río Gallegos y devino en otra causa judicial. Esto produjo aún más daños en la casa.
Así, la defensa de Máximo se opuso a aceptar el inmueble sin las refacciones correspondientes. En el escrito presentado se indicó, que "no resulta posible aceptar la devolución del inmueble sito en la calle 25 de mayo en el estado ruinoso en que se encuentra".
Beraldi cargó contra la interventora y dijo que hace ya más de tres años, Máximo y Florencia Kirchner fueron despojados de todas las propiedades de las que resultan titulares, y que el inmueble mencionado “fue intrusado, no se cobraron alquileres por su uso y fue destrozado por su/s ocupante/s”.
De esta manera es que se exige a la mayor brevedad se "refaccione el inmueble para luego ser restituido a sus legítimos propietarios en el estado que corresponde".
