Presos de la Comisaría Primera de Puerto Madryn presentaron un habeas corpus ante la jueza Marcela Pérez Bogado, en el que pedían el ingreso de celulares al penal, ya que reclamaban que no podían contactarse con sus familiares porque los teléfonos estaban rotos.
Por la pandemia de Coronavirus, los presos habían sido autorizados a tener un teléfono y por ello se estableció un protocolo de utilización de dispositivos móviles en las cárceles y comisarías. Sin embargo, los detenidos relataron que el que tenían había dejado de funcionar.
“Pueden traer un teléfono ustedes”, le contestó el oficial a los detenidos de la Comisaría Primera ante el reclamo, por lo que ingresaron un teléfono “usado”, pero no fue autorizado.
Al pedir un informe, la respuesta de la Policía fue que el celular que habían intentado ingresar era “robado”.
Pero lo más insólito fue que en su defensa argumentaron que los autorizaron a tener un celular, pero no les aclararon que el mismo tenía que haber sido conseguido por medios lícitos, señaló el Ministerio Público Fiscal.
