Dictaron la falta de mérito para Rafael Williams, ex intendente de Esquel y diputado provincial electo por la causa GIRSU, también Gabriel Salazar, exjefe comunal de Río Mayo. Además, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de más de 40 intendentes por administración fraudulenta del uso de fondos del GIRSU entre 2013 y 2015.
Se trata de una causa vinculada a los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos por la que más de 90 intendentes fueron acusados, también se declaró la falta de mérito para una cantidad similar. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resolvió confirmar el procesamiento.
Entre los beneficiados por la falta de mérito en esta causa está el ex intendente de Esquel y diputado provincial electo Rafael Williams. En una resolución adoptada por los jueces señalaron que "en Esquel, los auditores corroboraron el avance de las obras, pero el juez entendió como gastos ajenos al acuerdo, y en consecuencia, como desvíos delictivos, a las inversiones en un acoplado, en materiales de embalaje, en elementos de cocina, en fletes y en el alquiler de una retro-pala".
Williams y otros 91 jefes comunales fueron procesados en febrero de este año por el Juez Claudio Bonadio, como integrantes de un esquema delictivo en medio de los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. La decisión fue recurrida por los abogados de distintos imputados y ahora se resolvió confirmar de manera parcial el procesamiento de 40 imputados y declarar la falta de mérito para una cantidad similar.
En el tercer punto de la parte resolutiva, los camaristas decidieron "revocar parcialmente el punto dispositivo I de la misma decisión en cuanto ordenó los procesamientos" de un grupo de 43 intendentes, entre los que se encuentran Williams y Pablo Gabriel Salazar de Río Mayo.
La causa instruida por Bonadío comenzó con una denuncia en el año 2016 del Ministerio de Medio Ambiente que conducía Bergman tras una auditoría sobre los fondos del programa GIRSU. Esto determinó que entre el 2013 y 2015 el programa "funcionó con serias deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos", expresó la resolución.
La denuncia original se circunscribía a los municipios de Quilmes y Río Gallegos y a 29 distritos de la provincia de Chaco, pero la fiscalía recomendó el análisis de todas las transferencias a los distritos beneficiados por este programa.
En ese marco se pidió el relevamiento del resto de los expedientes y así fue como el análisis alcanzó a 120 municipios, alrededor del 75% tuvieron irregularidades (90 municipios). También, la falta de un "mapa crítico" para identificar lugares "vulnerables", la aprobación de proyectos sólo a partir de trámites administrativos, la falta de control interno en la ejecución de planes y las solicitudes de comunas que no reunían los requisitos, aunque igualmente recibieron giros de dinero. Según publicó Jornada.
