El pasado miércoles, el juez de garantías de Rosario Eduardo Rodrigues Cruz dictó la prisión preventiva a su par Marcelo Bailaque por causas vinculadas a su desempeño como magistrado. Le prohibió salir del país y embargo a sus bienes y cuentas. Todavía no quedó detenido porque aún cuenta con fueros.
Esto fue en el marco de una investigación que lo tiene como acusado a partir de las declaraciones de Carlos Vaudagna (oriundo de Humberto Primo), ex director de la AFIP en Rosario y Santa Fe. Es que dijo que, en conjunto con un financista rosarino, inventaban causas a empresarios para extorsionarlos.
Si bien Bailaque actúa en Rosario, también tiene injerencia en Rafaela. Es que el Juzgado Federal local se encuentra vacante desde 2020 y el rosarino era uno de los encargados de subrogarlo. En esa posición es que falló a favor del Banco Nación y en detrimento de las arcas municipales, por entender que el pago del Derecho de Registro e Inspección era excesivo.
Si bien esto fue apelado, el amparo impide el cobro de aproximadamente el 7% del total de la recaudación de la Municipalidad de Rafaela.
Por otra parte, la diputada provincial Lionella Cattalini se refirió a la imputación y prisión preventiva dictada contra el juez federal Marcelo Bailaque, al considerar que “la prisión preventiva a Bailaque es un hecho histórico para la provincia y para la justicia federal, que demuestra con claridad que es posible avanzar en las investigaciones de corrupción y narcotráfico”.
La legisladora destacó “la labor de los fiscales que, con valentía y coraje, llevan adelante esta causa”, y exhortó al Consejo de la Magistratura “a tomar dimensión de lo sucedido y avanzar con rapidez en quitarle los fueros a Bailaque”.
Cattalini remarcó que “la Justicia debe actuar con independencia y sin privilegios. La imputación de Bailaque demuestra que nadie debe estar por encima de la ley y que los abusos de poder no pueden quedar impunes”.
Finalmente, subrayó la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial: “La sociedad necesita ver que aquellos que abusan de su poder enfrentan las consecuencias de sus actos. La lucha por un sistema judicial transparente es fundamental para recuperar la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones, y es nuestra responsabilidad garantizar que la justicia sea realmente para todos”.
