En la tarde de este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni se dirigió a la prensa -sin recibir preguntas de los medios- para dar a conocer algunos anuncios, entre los que se destacó la reestructuración de la AFIP y su cambio de nombre. Además, se mencionaron varias medidas relacionadas con las telecomunicaciones.
Horas después, desde la Oficina del Presidente publicaron el detalle de las medidas, argumentando que se tomaron a fin de “ampliar la oferta, mejorar la competencia y la transparencia en el sector de telecomunicaciones, enfocadas en la protección de los derechos de los usuarios y en la optimización de los recursos públicos”.
Cuáles son las medidas que tomará el Gobierno para telecomunicaciones
El texto difundido por la Oficina del Presidente dice que, en primer lugar, “se eliminarán las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que actualmente benefician a los medios de comunicación”. “Con esta modificación, los sujetos que realicen estas actividades pasarán a tributar el IVA en igualdad de condiciones con el resto de los actores económicos, sin ventajas impositivas”, dice.
Por otra parte, el Gobierno avanzará en el proceso para disponibilizar los 100 MHz de espectro reservado a Arsat y los 50 MHz en manos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), para ser destinados al “desarrollo del servicio 5G en el país”. “Con esta medida, se busca aprovechar activos no utilizados, generar más oferentes y que el oligopolio actual funcione en condiciones de mercado, lo que permitirá impulsar inversiones necesarias para mejorar la calidad del servicio de telecomunicaciones y generar un entorno de mayor competencia”, indicaron.
En cuanto al ámbito educativo, el Estado nacional “llevará adelante una relicitación para la provisión de servicios de conectividad en las más de 16.000 escuelas de todo el país, que actualmente está siendo prorrogada de forma transitoria”. Esta medida, aseguran, “permitirá reducir el costo de la conectividad en los establecimientos educativos que cuentan hoy con pisos tecnológicos y enlaces de Internet, mejorando el acceso a la educación digital”.
Por último, se refirieron a las auditorías realizadas entre el año 2019 y 2020 sobre el Enacom que “revelaron serias irregularidades en sus tareas de control”. “Las empresas Telecom y Telefónica adeudan más de $3.000 millones en concepto de aportes de inversión al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y el organismo falló en intimarlos e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas”, destacaron. Por ello, resolvieron: “Frente a estos hallazgos, el Estado nacional ha decidido realizar un relevamiento integral de todos los contratos vigentes en el sector de telecomunicaciones”.
“Estas medidas forman parte del plan del Gobierno Nacional de promover la desregulación, la apertura de mercados y la corrección de cualquier distorsión que afecte la calidad y condiciones de los servicios de telecomunicaciones, asegurando un entorno competitivo que beneficie a los consumidores y al desarrollo del sector”, concluye el texto.
