La decisión fue tomada en la Legislatura bonaerense: el proyecto que buscaba regular a las apps de deliverys no se llevará a cabo, debido al rechazo de la oposición.
El mismo preveía que las aplicaciones tuvieran un registro obligatorio, donde las empresas debían inscribir a los trabajadores y a los vehículos usados.
Juntos por el Cambio criticó la idea, al igual que el partido Libertad Avanza, y hubo protestas de repartidores en las mismas puertas del recinto de la Legislatura. Ante lo cual, los diputados decidieron hacer un plenario conjunto de comisiones y tratar de llegar a un consenso antes de que se sancionase la ley.
“Hemos logrado frenar el proyecto en la comisión conjunta que se había citado. Logramos que la próxima citación sea con verdaderos repartidores para que todos escuchen a los que están en la calle”, manifestó Nahuel Sotelo, legislador de Libertad Avanza.
“El proyecto busca crear un registro de repartidores para las Apps y ponerlos en relación de dependencia. Lo que dejaría a los repartidores que no pueden dedicarle muchas horas al día sin este trabajo y a las empresas, una vez más, destrozándolas con más y más regulaciones”, explicó Sotelo.
¿Qué plantea el proyecto?
El proyecto plantea la creación de un registro obligatorio para los trabajadores de las aplicaciones de delivery, donde las empresas tienen la obligación de inscribir a sus trabajadores, así como también, a los vehículos que utilizan.
Por lo tanto, ese registro otorgaría un certificado habilitante tanto para el repartidor como su medio de locomoción.
Todo esto conlleva que el Poder Ejecutivo debería fijar las condiciones y los requisitos de la inscripción, entre otras cuestiones.
Según el Sindicato Único de Conductores de Moto de la República Argentina, solo un 10% de los trabajadores de este tipo de servicio está registrado, lo que equivaldría a unos 5.000. Solo en provincia de Buenos Aires se estima que hay unos 25.000 trabajadores, y buena parte de ellos operan bajo el régimen de monotributo.
