Finalmente, el Frente de Todos consiguió el ansiado dictamen para tratar el Presupuesto 2023 enviado por el ministro de Economía, Sergio Massa. El proyecto se tratará en Diputados el próximo martes y tiene varias modificaciones que fueron pedidas por la oposición.
Una de las incorporaciones es un artículo para terminar con la exención impositiva que beneficia a los jueces y empleados del Poder Judicial designados antes de 2017. A raíz de esto, deberán pagar Impuesto a las Ganancias a partir del próximo año. La medida tuvo una importante aprobación del radicalismo y de un importante sector de Juntos por el Cambio.
Por otro lado, el oficialismo accedió a incorporar la denominada cláusula gatillo y se estableció que si al finalizar el segundo cuatrimestre del ejercicio, al 31 de agosto de 2023, la tasa de inflación interanual superara en 10 % la meta establecida (de 60%) o si los ingresos del sector público están un 10 % por encima de lo previsto para el periodo acumulado, el Gobierno enviará una Ley Complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos.
Asimismo, se convino que las provincias y los municipios, como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica, controlarán y garantizarán el cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía. Contarán con seis meses para regularizar las deudas que tienen con la mayorista la mayorista de electricidad Cammesa con la posibilidad de acceder a un plan de 96 cuotas mensuales.
En caso de no saldar lo adeudado, el Ministerio de Economía podrá retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias, la suma que deban por consumos sin afectar la coparticipación federal.
A su vez, se avanzó con la prórroga del fondo de compensación del transporte público de pasajeros para el interior que fue elevado de $ 66.000 millones, que figuraba en el proyecto original, a $ 85.000 millones como piso. No obstante, el Estado nacional tiene que cumplir con lo que adedua este año: en octubre giró a las provincias $36.000 millones de los $ 46.000 que había asignado. Por otra parte, la oposición reclama que se apruebe el proyecto que aumenta el subsidio a unos $ 59.500 millones.
Novedades para las prepagas y para la educación
Una interesante novedad fue la inclusión de un artículo para cobrarle a las obras sociales y prepagas un 15% sobre el total que los trabajadores pagan de diferencial por los planes especiales de salud. Esta suma será destinada al fondo de redistribución, que apunta a garantizar las prestaciones básicas en salud para los sectores de menores recursos.
La propuesta fue presentada por el jefe de La Bancaria, Sergio Palazzo. Según explicó dicha medida “no debería impactar en las cuotas de los usuarios”, pero desde la oposición alertaron que el oficialismo está creando un nuevo impuesto y lo pagará la gente.
En otro orden, se incorporó un artículo para establecer una deducción de Ganancias de hasta el 40 % de los gastos educativos que tiene la familia, que incluyen las cuotas de los colegios privados. La propuesta fue de Emiliano Yacobitti y la promocionó Martín Tetaz, de Evolución Radical.
“La educación forma parte de una inversión previa y esta medida es un alivio para las familias cuando los precios han ido aumentado por encima de los salarios”, subrayó Danya Tavela, del mismo espacio que Tetaz.
El objetivo es que se incluyan todos los gastos escolares, desde la cuota del colegio privado hasta cursos extra, como de computación, o la compra de un libro. Los detalles, de todas maneras, se establecerán con la reglamentación de la norma.
