Los diputados nacionales Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón interpusieron una acción de amparo ante la Justicia Federal solicitando la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta el DNU 941 del Poder Ejecutivo Nacional que reformuló la estructura y amplió las facultades de la SIDE.
La presentación considera que la norma impulsada por la Casa Rosada vulnera los límites constitucionales que rigen para la sanción de un DNU de estas características que modifica la Ley de Inteligencia del Estado.
El objetivo es suspender la vigencia del DNU 941 y, de esta manera, evitar que los organismos de inteligencia comiencen a operar bajo el nuevo esquema mientras se sustancia el juicio de fondo.
Los diputados alertaron sobre el “peligro en la demora” y sostuvieron que “permitir la operatividad de un sistema de inteligencia con facultades de aprehensión y sin controles externos adecuados podría causar daños irreparables a las libertades individuales y al sistema republicano de Gobierno”.
El caso quedó radicado en el fuero Contencioso Administrativo Federal, con reserva de acudir a la Corte Suprema mediante el recurso extraordinario federal.
Frade y Ferrarro son miembros del bloque de la Coalición Cívica, mientras que Paulón integra Provincias Unidas.
Según consta en el escrito presentado a la justicia, el Poder Ejecutivo firmó la norma el 31 de diciembre de 2025, tan solo 24 horas después de haber finalizado el período de sesiones extraordinarias, y lo publicó en el Boletín Oficial el viernes 2 de enero de 2026.
Ante esta circunstancia, los diputados sostienen que no existía impedimento para que el Congreso tratara estas reformas de manera ordinaria, dado que ambas Cámaras se encontraban en funciones hasta el día previo a la firma del decreto.
“Como puede advertirse, la médula del cuestionamiento al DNU 941/2025, es la oportunidad para su dictado, toda vez que ambas Cámaras del Congreso Nacional, estaban sesionando cuando se proyectó la norma en cuestión”, señala el texto presentado a la justicia.
Por tanto, los diputados argumentan que el DNU no responde a una emergencia, sino a una decisión de política gubernamental que debió haber sido debatida por los representantes del pueblo.
Otro de los ejes de la impugnación es la violación de la materia penal, un ámbito expresamente vedado para los Decretos de Necesidad y Urgencia bajo pena de nulidad absoluta, según surge del amparo presentado.
El texto oficial del DNU 941/2025 introduce el artículo 2° bis a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, el cual otorga al personal de inteligencia facultades de aprehensión en casos de flagrancia.
Para los demandantes, esta disposición altera el régimen procesal penal vigente y otorga funciones de policía judicial a organismos de inteligencia, lo que contraviene los principios de una sociedad democrática y la jurisprudencia constitucional.
Asimismo, el amparo señala un riesgo institucional derivado de la fusión de funciones entre la inteligencia estratégica y la seguridad interior.
La nueva normativa crea la “Comunidad de Inteligencia Nacional” (CITN) y el “Centro Nacional de Ciberseguridad” (CNC), centralizando la producción informativa bajo el mando de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
En ese sentido, califica como “dislate absoluto” la inclusión dentro de la CNC de la Unidad de Información Financiera (UIF).
“Un organismo de investigación financiera, pasa a depender de un organismo de investigación política. Subsumir un organismo concebido para mantener su autarquía y su mayor autonomía posible, bajo el sistema de inteligencia clásico, generará fricciones no solo en el sistema interno, sino internacional”, añade la presentación.
Para los diputados esta decisión compromete la “autonomía y la confidencialidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)” y advierten que este cambio podría acarrear sanciones de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los legisladores también vincularon el DNU a la decisión precia, también implementada por esta vía, de ampliar el presupuesto para la SIDE en $26.118 millones.
“El Decreto ofrece zonas grises, que son justamente el lugar en la que se consuman los abusos del poder subrayaron los legisladores.
En cuanto a la legitimación activa, los diputados Frade, Ferraro y Paulón argumentan que el uso de DNUs para reformar leyes de fondo lesiona directamente sus prerrogativas como legisladores, impidiéndoles ejercer su derecho-deber de legislar.
Citan para ello jurisprudencia donde la justicia ha reconocido que, si un legislador no puede defender la integridad de la ley en los tribunales, se vacía de contenido la representación popular que ostenta.
