Carolina Ramos
La definición sobre la nueva regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia se demora en el Senado. El tratamiento del proyecto, que encarnaba una de las ofensivas preelectorales más fuertes de la oposición contra el gobierno de Javier Milei, se enrareció luego de que el kirchnerismo, en una actitud extraña, se diferenciara del resto de los bloques y se inclinara por sostener la versión liviana que aprobó la Cámara de Diputados.
En la Cámara Alta se baraja la posibilidad de sesionar recién el 19 o 20 de noviembre, pero tanto la fecha como el futuro de la ley dependerán de las negociaciones entre los bloques opositores para unificar una estrategia y aprovechar los últimos días con la mayoría actual para asestarle un último golpe al Gobierno antes del recambio legislativo.
La iniciativa que limita el uso de los DNU transita por un laberinto intrincado en el Congreso. El 4 de septiembre, el Senado aprobó un proyecto que establecía que los decretos deben ser ratificados por ambas cámaras (actualmente solo se exige una sola) en un plazo de 90 días (hoy no hay límite temporal) o, de lo contrario, pierden vigencia.
Casi un mes después, el 8 de octubre, Diputados aprobó el proyecto, pero por falta de votos cayó un artículo, el 3, que era el que fijaba el plazo fatal de 90 días. Por eso, el expediente volvió al Senado, que tiene dos opciones: aceptar la modificación y eliminar el plazo, o insistir en la versión original y reponerlo.
La elección del 26 de octubre, donde arrasó La Libertad Avanza, no movió a la oposición de su objetivo y el martes pasado se reactivó el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde se logró dictamen a favor de ratificar el proyecto original, más duro contra el Gobierno que el que salió de Diputados.
Por esa opción se inclinaron tres gobernadores del sello Provincias Unidas: el cordobés Martín Llaryora, a través de la firma de Alejandra Vigo; el correntino Eduardo Valdés, vía el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi; y el chubutense Ignacio Torres, a través de Edith Terenzi. También acompañaron este dictamen otros senadores de la UCR y Provincias Unidas, la larretista Guadalupe Tagliaferri y la peronista tucumana Sandra Mendoza, alineada a Juan Manzur.
Llamativamente, el kirchnerismo se diferenció y, con la sola excepción de Mendoza, los siete restantes del bloque firmaron el despacho en disidencia. “Entendemos que insistir en el texto original sin escuchar a Diputados nos puede llevar a conseguir una ley que será perfecta pero que durará poco, porque el presidente la vetaría y en Diputados sería muy difícil conseguir el número necesario para insistir con este texto original”, fundamentó la riojana Florencia López, exvicegobernadora de Ricardo Quintela en su anterior gestión.
López aclaró que “en lo que refiere al fondo” el bloque está “de acuerdo” con la ley, pero observó: “También tenemos que ser prácticos e inteligentes, y tenemos que tomar las mejores decisiones para frenar a este presidente en las malas acciones que toma para la Argentina”. De esa manera, la senadora sugirió que Milei podría desistir de vetar la norma si se mantiene la versión liviana de Diputados.
Sus pares la escucharon con desconcierto y Vischi salió a aclarar que, según su interpretación (que comparten algunos constitucionalistas) “esta ley no puede ser vetada” porque la regulación de los DNU, según la Constitución Nacional, es facultad del Congreso (artículo 99). “Seguramente se abrirá un conflicto de poderes y la interpretación de la Corte a lo mejor nos podrá dar claridad al respecto”, dijo.
Por su parte, la cordobesa Vigo, presidenta de Asuntos Constitucionales, planteó que con la sanción de Diputados “queda una ley con muchas falencias y cuestiones en al aire” y recordó que “el DNU es un instrumento de excepción” que, sin estos límites en su regulación, “tiene menos requisitos que una ley ordinaria”. Es porque una ley requiere aprobación de ambas cámaras, y un DNU, de solo una.
Además, los DNU hoy siguen firmes si el Congreso no los trata; es lo que sucede en la gran mayoría de los casos. “La aprobación ficta termina siendo una degradación a la responsabilidad que tenemos como Poder Legislativo”, planteó el radical Vischi.
Aún con la ley vigente, menos estricta que la que está en discusión, esta gestión ya sufrió el rechazo de dos DNU (el que aumentó fondos reservados de la SIDE y el que desreguló la Marina Mercante) y cuatro decretos delegados (la eliminación de Vialidad, la transformación del INTA, el INTI, el Banco de Datos Genéticos y otros organismos de Economía y Cultura).
A partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza tendrá más capacidad de resistir futuros intentos de la oposición para voltear más decretos, porque tendrá 88 diputados y 20 senadores. Aunque no gozarán de mayoría propia, los libertarios partirán de una base más sólida para conseguir apoyo de otros bloques y sostener los DNU del presidente.