El Gobierno nacional celebró como una epopeya que la inflación no llegó al ciento por ciento a lo largo de 2022. Esa evaluación merece algunos contrastes. El aumento anual de los precios fue de 94,8 por ciento. La administración conjunta de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa le obsequió al país la inflación más alta desde 1991.
Para entender el impacto social de ese desastre, ayuda observar el ránking del salario mínimo mensual en dólares estadounidenses que calculó la agencia Bloomberg, para Latinoamérica. Con el gobierno del Frente de Todos, Argentina ocupa el penúltimo lugar entre 17 países, sólo superada por Venezuela.
En Venezuela, el salario mínimo mensual es de ocho dólares. En Argentina es de 189 dólares. Esa brecha no es para entusiamarse. Al listado lo encabezan Costa Rica con 603 dólares mensuales y Uruguay con 540. Es lo que gana un trabajador promedio, calculado en dólares, al otro lado del Río de la Plata. Luego siguen todos los otros países de la región hasta llegar a los últimos dos escalones: Alberto Fernández y Nicolás Maduro.
La gestión de Sergio Massa no ha conseguido revertir la herencia de Martín Guzmán. Sólo le añadió al horizonte de inflación desbordada la certeza de una mayor recesión. Es la combinación letal que impacta en el salario medido en moneda creíble. Con esa expectativa enfrenta el Frente de Todos su último año de gobierno y el calendario electoral.
La desesperación frente a ese panorama explica el nuevo giro autoritario que ha resuelto adoptar la tríada Fernández-Kirchner-Massa, cuya expresión más notoria es el intento destituyente contra la Corte Suprema de Justicia.
La gravedad de la embestida contra la Corte merece ser evaluada por la opinión pública en toda la extensión su sombría proyección institucional. El hecho de que en principio el Gobierno no cuente con los números en el Congreso para que prospere el juicio político no mengua el daño sino que lo agrava. La tríada gobernante no busca el cambio sino el perjuicio. El medio es el mensaje: no persigue un objetivo sino la persecución.
Por ese motivo, los argumentos propuestos para el juicio político son patéticos. Se fundan en el descontento del Ejecutivo con las sentencias del tribunal. Algo que es -por definición- todo lo contrario a las causas previstas para el juicio político. Al inicio, la sentencia más urticante fue la referida a los recursos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires. Ahora también quieren juzgar a los miembros de la Corte por lo actuado durante el debate del dos por uno en el cumplimiento de condenas por delitos de lesa humanidad. Un desquicio de cabo a rabo.
En contraste con ese oficialismo actuando como banda en fuga, sin ningún prurito para violentar la Constitución, la organización internacional Human Rights Watch alertó que quien verdaderamente está atentando contra el Estado de derecho es el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Al firmar el listado de proyectos para las sesiones extraordinarias, el Presidente quemó las naves de su año final. No sólo busca destituir a los jueces de la Corte. También cambiar la integración del máximo tribunal y del Consejo de la Magistratura. Y hasta reincide en la proposición del antiguo candidato a la Procuración General. Un candidato al que nunca boicoteó la oposición, sino la vicepresidenta que alguna vez -en un tiempo que ya nubla el olvido- se sentó al lado del Presidente.
La ofensiva desesperada del Frente de Todos redobla el desafío a las fuerzas de oposición. La conducción de Juntos por el Cambio pudo unificar una estrategia común para enfrentar en el Congreso las maniobras ilegales que organiza el oficialismo. Esa decisión es una garantía que otorga una tranquilidad inicial a la ciudadanía.
Pero el principal bloque de oposición enfrenta de manera simultánea un dilema que le es propio: cómo actuar de manera unificada frente al Gobierno, mientras se intensifican los movimientos internos que tienden a diferenciar a sus líderes para las etapas previas de la confrontación electoral. ¿Unidos en la cima, peleados en los distritos? La embestida kirchnerista contra el sistema institucional aumenta para sus opositores la tensión latente en esa pregunta, que no se resolverá por completo sino en el horizonte aún lejano de las elecciones primarias.
No sólo en la coalición opositora más relevante estallan las esquirlas de la desesperación kirchnerista. El intento, por ahora primigenio, de articular una alternativa política de identidad originariamente peronista que insinuaron el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y el salteño Juan Urtubey, es una señal enviada a los gobernadores y a Massa. Por algún lado podría canalizarse el descontento de lo que queda de ese peronismo cansado de encolumnarse en el delirio antidemocrático de la familia Kirchner y sus seguidores.
Ese intento no tiene hoy el mismo prospecto promisorio que tuvo en las manos y frustró en las elecciones de 2015. Cada vez con más frecuencia, los sondeos de opinión revelan que hay votantes de esa extracción política que se manifiestan proclives a lanzarse al abismo de una exploración incierta votando al libertario Javier Milei. Acechanzas que el peronismo comparte con Juntos por el Cambio.
