Gobernadores de distintas provincias, productores agropecuarios, empresarios y funcionarios del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) encendieron fuertes luces de alarma por la ley de protección de los humedales, que el jueves recibirá dictamen en la Cámara de Diputados por decisión del oficialismo.
Ante la negativa del Frente de Todos a abrir el debate a invitados, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el radical Ricardo Buryaile, organizó su propia reunión informativa para escuchar a casi veinte expositores, que alertaron sobre los perjuicios que podría traer la ley a nivel productivo y normativo.
Buryaile, exministro de Agroindustria durante la gestión de Mauricio Macri, aclaró que “no existe una maniobra dilatoria para tratar ningún proyecto de ley”, sino una necesidad de receptar opiniones en la Comisión de Agricultura, donde el propio kirchnerismo frenó el debate en 2020 (en ese momento solo se logró dictamen en Recursos Naturales).
“No estamos trabando este proyecto. Queremos poder informarnos acabadamente y no ir al recinto a votar porque nos dicen que tenemos que votar”, sentenció el radical, y consideró que el proyecto que el oficialismo busca dictaminar (una réplica del texto unificado hace dos años) no tiene el nivel de consenso suficiente.
Esas palabras no cayeron bien en La Cámpora, que impulsa fuertemente la ley. La diputada Florencia Lampreabe, representante de la agrupación kirchnerista, advirtió que en el debate se sembraron “falacias”. Recordó que la discusión comenzó en 2013 y que la última vez participaron más de medio centenar de invitados.
“No disfracemos el debate de cuestiones procedimentales o de falta de tiempo. Ningún diputado puede decir que no ha tenido tiempo o que no sabe nada de la ley de humedales, porque tiempo para estudiar hubo”, enfatizó Lampreabe, y Buryaile retrucó: “Hay voluntad de demostrar la poca vocación de ustedes cuando fueron mayoría y presidían la comisión”.
Voces críticas
Algunos de los aspectos que despertaron preocupación fueron la continuidad de explotaciones agrícolas, ganaderas y mineras sobre los humedales; la injerencia de la Nación sobre las provincias en el ordenamiento territorial; el plazo para la elaboración del inventario nacional; y la posible superposición de legislaciones.
Una de las voces más duras de la reunión fue la de Luciano Berenstein, titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. “Tal como están planteados los proyectos, nuestro país se quedaría sin industria minera”, sentenció, y precisó que la ley “afectaría a todo el sector, incluyendo los yacimientos de litio y cobre”.
Berenstein detalló que están en riesgo las fuentes de trabajo de más de 85.000 familias; más de 20.000 millones de dólares en inversiones en los próximos diez años; exportaciones actuales por 3.300 millones de dólares, y por 12.000 millones de aquí al año 2030.
Desde el INTA, el ingeniero Pablo Mercuri advirtió que los proyectos tienen “muchas limitaciones, algunas de ellas severas”, y graficó: “Si las provincias áridas no pueden manejar el agua o crear consorcios de riego, no pueden producir”.
La UIA (Unión Industrial Argentina) llevó un pliego de condiciones: pidió que la ley “no genere carga burocrática ni exceso normativo”, que “se analice el marco normativo preexistente y la experiencia internacional para generar un diagnóstico efectivo” y que “no se afecten los derechos de las provincias”.
La entidad, representada por Claudio Terrés, también reclamó que la norma “no paralice actividades hasta tanto se defina el bien jurídico a proteger” y que “no prohíba actividades per se sin que medie una evaluación de impacto ambiental que lo respalde”.
Claudia Peirano, del Consejo Agroindustrial Argentino, se refirió a los peligros de legislar por ecosistemas. “Los ecosistemas no conocen de limites políticos ni legales. Puede haber una sobreabundancia de legislación que complejice su protección. En los humedales hay bosques nativos y pastizales. Podemos estar legislando en un mismo territorio con diferentes leyes”, indicó.
Finalmente, Silvina Campos Carles (CONINAGRO) aseguró que “26 de los 46 artículos” del proyecto del Frente de Todos “requieren modificaciones”. Los cuestionamientos se sumaron a los de la Federación Agraria, que la semana pasada emitió un comunicado.
Alarma de gobernadores
Más temprano, los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta) manifestaron su preocupación sobre el avance de la ley de humedales por un posible impacto en una industria estratégica e incipiente en el país, como es la del litio.
“Coincidimos los tres gobernadores en que no hay que discutir si no se conoce la zona. Por eso invitamos a las comisiones a que conozcan. No se puede legislar desde el desconocimiento”, expreso Jalil desde Estados Unidos, en el marco de la gira de mandatarios junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.
También hay resistencia desde Corrientes, principal productora de arroz a nivel nacional. Claudio Anselmo, ministro de Producción de la provincia, participó del debate en la Comisión de Agricultura y advirtió que “los proyectos avanzan sobre las autonomías de las provincias y sobre la competencia de las provincias sobre sus recursos naturales”.
