La Cámara de Diputados ya discute el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de seguridad interior a los fines de combatir actos “terroristas”. El debate comenzó el miércoles pasado en la Comisión de Defensa Nacional con la presencia del ministro del área, Luis Petri, quien defendió la iniciativa y se cruzó con legisladores de Unión por la Patria y la izquierda.
“Llegó el momento de garantizar todo el poder y la potencia del Estado y todos los instrumentos a disposición del Estado, entre ellos el instrumento militar y las Fuerzas Armadas, a la hora de prevenir o repeler una agresión terrorista, en el marco de un procedimiento conforme al Estado de Derecho y todas las garantías constitucionales en pie, y no como se establece en estos momentos, donde la posibilidad de intervención queda limitada a la hipótesis del estado de sitio”, explicó Petri.
En una extensa reunión presidida por el diputado y exministro de Defensa Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), Petri sostuvo que “hoy, en pleno silgo XXI, a más de 40 años de recuperación de la democracia, necesitamos actualizar la legislación y que nuestras Fuerzas Armadas no solo tengan la capacidad de controlar y custodiar nuestras fronteras, nuestro espacio aéreo y nuestros recursos marítimos”.
Actualmente, las fuerzas militares apoyan operaciones de seguridad interior brindando servicios de arsenales, sanidad, intendencia, veterinaria, transporte y comunicaciones, entre otros. El proyecto del Gobierno modifica la Ley 24.059 (Seguridad Interior) para que también puedan actuar “en caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal” en el marco del artículo 41 quinquies del Código Penal.
Petri señaló que se busca una solución “intermedia” a la declaración de estado de sitio, donde se suspenden los derechos y garantías constitucionales.
“La ley define con claridad las facultades ante amenazas o atentados terroristas que pongan en peligro la vida, la libertad, la integridad territorial y la paz de los argentinos”, destacó el ministro.
El Comité de Crisis deberá presentar un requerimiento ante el Ministerio de Defensa, donde se deberán especificar posibles acciones a desplegar, el área geográfica de actuación y el tiempo de duración. Las Fuerzas Armadas podrían realizar patrullajes, control de personas y vehículos, operaciones de control en puestos fijos o móviles, control y vigilancia de instalaciones, y hasta detenciones en casos de flagrancia (es decir, cuando el delincuente es sorprendido en el acto).
En caso de detectar un presunto delito, deberán “hacer cesar sus efectos” y comunicar su actuación de forma inmediata al fiscal o juez competente. Por otra parte, se establece que el uso de la fuerza será “en los mismos términos y condiciones” que las fuerzas de seguridad y que el uso de medios de coacción debe ser “racional, progresivo y proporcional”. En este marco, el accionar del personal militar será considerado “en cumplimiento del deber”, es decir, no será punible.
Críticas al proyecto
Los diputados de Unión por la Patria Germán Martínez, Leopoldo Moreau, Eduardo Toniolli y Juan Marino, así como Christian Castillo y Vanina Biasi del Frente de Izquierda, criticaron con dureza el proyecto del Ejecutivo.
“Estamos frente a la superficialidad de una decisión marketinera pero riesgosa. Si hay riesgos de actividad terrorista, lo primero que hay que hacer es revisar la tarea geopolítica de la Argentina y no tomar riesgos innecesariamente cuando no está en juego el interés nacional”, advirtió Leopoldo Moreau en un extenso discurso, donde pidió que “el Parlamento no rompa de manera frívola con esta ley la democracia que hemos conseguido”.
Petri le contestó que “no es comparable a la situación que se vivió con los golpes militares” porque “ahí lo que faltaba eran garantías constitucionales”. Del mismo modo, el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro denunció que existe un “prejuicio” contra las Fuerzas Armadas y recordó que los jefes actuales “se recibieron entre el ‘86 y el ‘87; son hijos de la democracia”.
“Es verdad que las Fuerzas Armadas han violado el orden constitucional y la última vez que lo hicieron, el 24 de marzo de 1976, se cometieron crímenes execrables de lesa humanidad. Pero desde 1983 a la fecha vivimos en democracia el período más extenso desde 1930″, amplió Finocchiaro.
Por su parte, Germán Martínez denunció que “intentaron poner este tema de vital importancia en la grieta política” y responsabilizó por eso a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también intervino en la elaboración del proyecto. “Los únicos que ponen un sesgo ideológico en el debate de esta ley son los del kirchnerismo”, retrucó el libertario Nicolás Mayoraz.
Para el diputado oficialista, “el proyecto está perfectamente fundamentado, no hay ningún punto donde uno pueda decir que se quiere volver a políticas no consensuadas con la democracia”.
Por otra parte, ante una pregunta de Juan Manuel López (Coalición Cívica) acerca del “grado de compromiso y acuerdo con las Fuerzas Armadas” para avanzar con esta ley, Petri respondió: “Las Fuerzas Armadas son verticales, no trabajan por consenso, se tienen que subordinar a la ley y la Constitución. Lo que ellas reclaman y requieren es el marco jurídico adecuado para poder intervenir, que la propia ley disponga las facultades y obligaciones”.
