Carolina Ramos
El Gobierno de Javier Milei va a fondo y enviará al Congreso un proyecto para que las Fuerzas Armadas (FFAA) puedan intervenir en tareas de seguridad interior con el objetivo de combatir el “terrorismo”: podrán realizar patrullajes, controlar personas y vehículos, y hasta efectuar detenciones en casos de flagrancia si el gobernador correspondiente lo autoriza.
La iniciativa es encabezada por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien la había anunciado en marzo en medio de la escalada de violencia narco en Rosario. El funcionario entregó el texto este jueves a diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal que integran la Comisión de Defensa Nacional, donde comenzará la discusión.
El documento propone que las FFAA apoyen a las fuerzas de seguridad interior cuando un Comité de Crisis lo requiera y sin necesidad de acudir a la opción extrema de declarar el estado de sitio, donde se suspenden las garantías constitucionales.
Por eso, en los fundamentos, el Poder Ejecutivo habla de una “solución intermedia” y aclara que “los ciudadanos no verán afectados ninguno de sus derechos fundamentales sino que, por el contrario, se encontrarán protegidos por el accionar de las FFAA contra el terrorismo”.
No obstante, el proyecto deberá superar el filtro de los bloques dialoguistas, que se comprometieron a analizar el tema, y el rechazo de la oposición dura, nucleada en el kirchnerismo y la izquierda, y organismos de derechos humanos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), que vienen expresándose en contra de esta reforma.
Hay señales que ven con preocupación: sin ir más lejos, el propio Gobierno, a través de la Oficina del Presidente, calificó como “grupos terroristas” a los manifestantes que fueron reprimidos en las protestas del 12 de junio contra la Ley Bases en los alrededores del Congreso.
En tanto, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro se había expresado a favor de utilizar el accionar militar para enfrentar el “narcoterrorismo” en Rosario, aunque lo hizo antes de que se conociera la letra chica del proyecto.
Los detalles del proyecto de Petri
Actualmente, cuando se conforma un Comité de Crisis como sucedió en Rosario hace cinco meses, puede requerir a las FFAA que apoyen operaciones de seguridad interior en servicios de arsenales, sanidad, intendencia, veterinaria, transporte y comunicaciones, entre otros.
Pero ahora proponen un amplio agregado al artículo 27 de la Ley 24.059, para que el Comité también pueda pedir intervención militar “en caso de acciones terroristas que tengan por fin atemorizar a la población y pongan en peligro la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad territorial o la autodeterminación”.
Las tareas que podrán realizar son las de “patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de puestos de control en puntos fijos o móviles, proporcionar seguridad a instalaciones permanentes y no permanentes en zonas específicamente determinadas y por tiempo limitado, y aprehensión en flagrancia”.
Además, “el apoyo a las fuerzas de seguridad incluirá, por un tiempo limitado, control de población, operaciones de puntos de control fijos y móviles, y proporcionar seguridad a instalaciones fijas y móviles”.
En el requerimiento, el Comité de Crisis “deberá especificar el efecto buscado, la jurisdicción y el lapso de tiempo de duración”.
Un punto importante es que las FFAA podrán detener a personas que sean descubiertas cometiendo un delito en flagrancia, pero para eso deberán contar con la “conformidad expresa” del gobernador de la provincia donde ocurre el hecho. En esos casos, las fuerzas militares tendrán que comunicar su actuación de forma inmediata al fiscal competente.
El uso de la fuerza será “en los mismos términos y condiciones” que las fuerzas de seguridad nacionales, “quedando expresamente habilitada la realización de operaciones de seguridad interior”, establece el proyecto que enviarán al Congreso.
En los casos en que el personal militar esté obligado a usar “medios materiales de coacción en forma disuasiva o efectiva, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance, según el caso”. Ese accionar será considerado “en cumplimiento del deber” y no será punible.
Por último, el proyecto indica que las FFAA “deberán contar con la capacitación técnica y legal correspondiente” y que “el equipamiento deberá ajustarse a las necesidades operativas de la misión”.
“Las FFAA tienen un nivel de preparación, organización y despliegue territorial que normalmente permite, con muy poco tiempo de preaviso, constituirse en una suerte de espina dorsal sobre la cual articular el funcionamiento y operación de diferentes agencias y elementos del Estado”, sostiene el Ejecutivo.