Diputados del PRO presentaron un proyecto para bajar la imputabilidad a la edad de 15 años para delitos grave

La medida también busca resarcir a las víctimas y sus familiares, haciendo que los culpables no solo cumplan condena en la cárcel, sino que hagan otro tipo de tareas de reparación.

Diputados del PRO presentaron un proyecto para bajar la imputabilidad a la edad de 15 años para delitos grave
Diego Santilli fue uno de los firmantes del proyecto de Juntos por el Cambio. Foto: Federico López Claro.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para bajar la imputabilidad a 15 años de edad para los menores que cometan delitos de gravedad.

La iniciativa busca que la imputabilidad en delitos graves se baje de los 16 a los 15 años de edad.
La iniciativa busca que la imputabilidad en delitos graves se baje de los 16 a los 15 años de edad.

Con este proyecto, se busca crear un “sistema de responsabilidad penal juvenil”. Por lo que se establecería un fuero especializado en menores de edad y con el foco en priorizar medidas de “reparación” para las víctimas y sus familiares. La baja de imputabilidad que se pretende aprobar, pasaría de los 16 a los 15 años de edad.

Además, la iniciativa prevé una aceleración de los juicios, con plazos máximos de dos años. “El proyecto hace hincapié en dos puntos centrales: la reparación del daño producido por el delito tanto en la víctima como en la sociedad, y la necesidad de que las personas adolescentes rindan cuentas de sus actos”, plantea el escrito de la normativa.

Quiénes plantearon el proyecto para bajar la imputabilidad de los menores

Los dirigentes de Juntos por el Cambio fueron los protagonistas de esta propuesta. Entre ellos, Diego Santilli, Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias.

Todos ellos aparecen como firmantes del escrito. Al mismo tiempo, la iniciativa fija que los adolescentes culpables no solo cumplan condena de cárcel, sino también ejerzan tarea de reparación por sus hechos.

Esto último, lo que prioriza es que “las decisiones no se tomen en forma aislada, dispersa y fraccionada, sino mediante acuerdos y espacios de escucha entre diferentes perspectivas teóricas, en sintonía con lo que han establecido en los últimos años diferentes convenciones y normas internacionales en materia de derechos de adolescentes”, fue lo informado por los legisladores.

Las penas que se barajan son de hasta 15 años de prisión en caso de homicidio y de abuso sexual agravado.

Otro de los objetivos del proyecto es evitar la saturación del sistema penal, a través de la creación de este fuero especializado de justicia penal juvenil.

Oficialismo y oposición en busca del control del Congreso
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“El presente proyecto se inserta en una idea republicana y democrática del derecho penal, pero que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas y, por ende, que la respuesta punitiva por sí misma no es posible sin entender esas desigualdades”, señaló Santilli.

“La idea de justicia restaurativa, entendida como ‘una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad’, es la que guía el núcleo del sistema penal juvenil propuesto”, continuó.