Carolina Ramos
Diputados del oficialismo y la oposición se encaminan a aprobar un proyecto de ley que limita fuertemente el margen de acción de los padres y madres que deben la cuota alimentaria de sus hijos, un drama que afecta a casi siete de cada diez mujeres bonaerenses y que se extiende a todo el país.
Se trata de la iniciativa para crear el Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (ReNDAM), que funcionará como base de datos unificada y dinámica de los deudores que ya están inscriptos en los registros provinciales o que ingresen a solicitud del juez interviniente.
El debate fue impulsado por la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, autora de una iniciativa propia. Tras un arduo trabajo, se condensaron siete proyectos de distintos bloques y se logró firmar un dictamen único, que será tratado en la sesión especial convocada para este miércoles.
Según el texto, al ReNDAM ingresarán las personas que incumplen con el pago “en tiempo y forma” de las cuotas alimentarias fijadas mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente. Si se acredita el pago, el juez deberá ordenar la baja del registro dentro de los cinco días hábiles posteriores.
“Más que un flagelo, incumplir con la cuota alimentaria es un delito, porque estamos afectando generalmente a la mujer que está a cargo y el derecho del niño”, explicó Julio Cobos (UCR), impulsor de otro de los proyectos, en el plenario de comisiones de Legislación General, Familia y Justicia.
Y agregó: “Queremos contar con una información única que le permita al juez disuadir al deudor. El deudor alimentario utiliza todas las artimañas habidas y por haber, desde permanecer en negro para incumplir con sus obligaciones hasta recurrir a otra provincia (porque no está unificada la información) para realizar los trámites que en su provincia se le prohíben”.
La oficialista Carolina Moisés, de Jujuy, también aportó ejemplos concretos: “A veces, en la misma noche que la mamá termina haciendo un plato de arroz, el papá está en un restaurante de alto nivel. O el mismo día que a la mamá se le rompe el auto de hace cinco o seis años, el papá está arriba de una moto último modelo o cambiando su auto por uno de alta gama”.
Según un relevamiento difundido a mediados de junio en provincia de Buenos Aires, más de la mitad de las madres encuestadas (66,5%) no recibe la obligación alimentaria o solo la recibe eventualmente. Y solo el 10% de las que sí la reciben considera que es suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades de los hijos.
Los impedimentos
En su artículo 8, el proyecto establece una serie de impedimentos para los deudores alimentarios. El más cuestionado por la oposición es el que prohíbe dar de alta a la persona en un empleo público a nivel nacional, ya sea bajo relación de dependencia o en contratos de locación de servicios. Según advirtieron diputados de Juntos por el Cambio y la izquierda, ese limitante podría atentar contra el objetivo de conseguir un trabajo para pagar la cuota.
Sin embargo, para el oficialismo ese debate quedó subsanado con un agregado incorporado en el mismo artículo, para que el juez pueda autorizar “la realización provisoria” de ese y todos los demás trámites “si de esa manera se posibilita el acceso a una fuente de ingresos o actividad que permita el cumplimiento de la obligación alimentaria”.
Los deudores tampoco podrán asistir a eventos y torneos deportivos masivos, casinos o casas de juego; abrir cuentas bancarias; tramitar o renovar tarjetas de crédito o débito; inscribirse en el Registro de Propiedad del Inmueble y del Automotor; ni ser adjudicatarios de viviendas sociales a título oneroso.
Otros de los impedimentos son tramitar o renovar el pasaporte y la licencia de conducir; ser beneficiarios de concesiones o licitaciones; abrir comercios o industrias; inscribir sociedades, asociaciones o fundaciones; inscribirse como proveedores o contratistas del Estado; y obtener la matrícula de colegios profesionales.
“Lo que queremos es hacer costoso violar el derecho a la alimentación de un niño, que es muy distinto que prohibir”, puntualizó Carla Carrizo (Evolución Radical), quien logró incluir un artículo para dar intervención a la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes en los casos más graves.
Algunos diputados de Juntos por el Cambio firmaron el dictamen en disidencia y plantearon objeciones. Por ejemplo, Pablo Tonelli (PRO) consideró que “este registro nacional debería ser algo parecido a una base de datos unificada a la que llegue la información de las provincias, no crear un organismo nuevo”.
Sin embargo, desde el mismo interbloque opositor, Carrizo aclaró que “no se crea ninguna burocracia ni un organismo, sino una función, que tiene que solventarse con el dinero asignado al Ministerio de Justicia de la Nación”. De hecho, el proyecto no tiene asignación presupuestaria.
Tonelli también cuestionó que no se prevean sanciones para las entidades que incumplan la obligación de consultar este registro y de negarle al deudor el trámite del que se trate. Por el contrario, Graciela Camaño (Consenso Federal) consideró “excesivo” que se establezca una penalidad.