Tras varias semanas de escándalo por la falsa amenaza de bomba en el vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Miami, la azafata Daniela Carbone, de 47 años, seguirá presa en su casa. Es que en las últimas horas, el juez Federico Villena dictó la presión preventiva para la mujer y le embargaron los bienes por $ 400.000.000. Además, decidió el sobreseimiento de su hija, teléfono con el que se realizó el llamado.
Según indicó Infobae, el juez decretó el procesamiento de Carbone bajo la modalidad de arresto domiciliario y la embargó por la suma de 400 millones de pesos. En la misma resolución, el juez también le suspendió la matrícula profesional como azafata, a raíz de lo cual notificó a la Administración Nacional de Aviación Civil.
El fallo también incluyó el sobreseimiento de Candelaria Olivero. Es la hija de la azafata y desde su teléfono se hicieron las llamadas que advertían sobre la existencia de una bomba en el vuelo que salía hacia Miami.
El comunicado de Aerolíneas sobre la despedida de la azafata
“La empresa ha corroborado con creces su participación directa / indirectamente (involucrando a su hija en ello) en la referida amenaza de bomba, la cual causó severos perjuicios económicos y reputacionales a la empresa, además del mal momento que le hizo pasar a pasajeros y a la tripulación presente (causándole también daños por pérdidas de combinaciones o por las demoras ocasionadas)”, relataron.
Y agregaron: “Que todo lo expuesto se ve a todas luces agravado por el hecho de que es una persona con su antigüedad en la empresa (24 años de antigüedad), que fue instructora de vuelo por más de 14 años (entre años 2004 y septiembre del 2018) y claramente conocía todos y cada uno de los protocolos de la empresa correspondientes para el caso de amenaza de bomba (más aún atento que justamente usted instruyó al personal de la empresa sobre los mismos y sobre lo que se debe hacer si cualquier persona -pasajero o parte de la tripulación- menciona la palabra ‘bomba’) y sabía perfectamente los daños que el mensaje de audio enviado le iba a generar a la empresa”.
Por todo ello, la empresa resolvió “el despido justificado o con causa, habiendo incurrido en graves violaciones al Código de Ética empresarial y a los artículos 62, 63, 84 y 86 de la mencionada Ley de Contrato de Trabajo”.
