La Justicia bonaerense rechazó el pedido de arresto domiciliario para el adolescente de 14 años acusado de participar en el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en febrero pasado durante un asalto en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata.
La decisión fue tomada por la jueza María José Lescano, quien dispuso que el menor continúe alojado en un instituto de menores bajo medidas de seguridad durante los próximos dos años.
La fiscal del caso, Carmen Ibarra, confirmó a la agencia Noticias Argentinas que se desestimó el recurso presentado por la defensa. En la misma línea, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, integrada por los jueces Raúl Dalto y Silvia Oyhamburu, ratificó este miércoles la resolución de Lescano.
Mientras tanto, el adolescente de 17 años que participó en el hecho será sometido a juicio oral y público por homicidio en ocasión de robo, delito que contempla una pena de prisión perpetua para los mayores de edad.
El crimen que conmocionó a La Plata
El brutal episodio ocurrió el 25 de febrero de 2024 en las calles 25 y 72 de Altos de San Lorenzo. Según la investigación, los dos adolescentes —de 17 y 14 años— interceptaron a Florencia, madre de Kim, cuando se encontraba con su hija dentro de su automóvil.
Los delincuentes obligaron a la mujer a bajar del vehículo y huyeron a toda velocidad. Desesperada, Florencia corrió detrás del auto gritando que su hija seguía adentro. En su intento por escapar, los asaltantes arrojaron a la mujer en movimiento, pero Kim quedó enganchada en el rodado y fue arrastrada cerca de 15 cuadras.
La fuga terminó cuando los jóvenes chocaron contra un poste de luz y cayeron en una zanja. Ambos lograron escapar a pie por un descampado antes de la llegada de la policía. La pequeña Kim, en tanto, murió casi en el acto debido a las graves heridas sufridas durante el arrastre.
Próximos pasos de la causa
Con la ratificación judicial, el menor de 14 años seguirá bajo resguardo en un instituto especializado mientras avanza la investigación. Al ser inimputable por su edad, no puede enfrentar un juicio penal como el mayor de los acusados, pero la Justicia dispuso que continúe con medidas de seguridad y tratamiento tutelar por dos años.
