El procurador General de Entre Ríos, Jorge García, avaló la constitucionalidad del decreto que regula la aplicación de fitosanitarios en las cercanías de escuelas rurales, tras un recurso de amparo presentado por ecologistas y docentes.
El juez de la Cámara Civil y Comercial de Entre Ríos, Andrés Galanti, le había solicitado a García su postura "dada la trascendencia institucional que revista el caso", informó hoy la justicia entrerriana.
El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), gremio mayoritario docente, habían pedido declarar inconstitucional el decreto 2239/19 firmado por el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet.
La norma establece zonas de exclusión de aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios que van desde los 3.000 hasta los 500 metros de distancia de una escuela rural o agrotécnica según cada caso.
También prohíbe el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruye al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.
Asimismo, determina elaborar un mapa georeferenciado de todas las escuelas rurales, aplicar un sistema de monitoreo remoto y realizar un reempadronamiento de equipos de aplicación en uso en Entre Ríos.
El procurador General provincial aseguró que "el decreto no es inconstitucional" y pidió la citación de "terceros no admitidos al proceso cuyos intereses podrían verse afectados", en referencia a productores, aplicadores y toda persona afectada.
Por lo tanto, el juez Galanti deberá decidir si abre o no el proceso a prueba y dictar sentencia, en el tercer amparo presentado sobre las normas provinciales.
