Tres integrantes de la comunidad mapuche Fvta Xayen (paraje Tratayen) fueron imputados por tenencia ilegal de arma de fuego, tras ser detenidos ayer durante un desalojo parcial en el marco de un conflicto de tierras en cercanías de la localidad de Añelo, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Neuquén, en el área del yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta.
El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Verónica Zabala acusaron anoche a los tres hombres durante una audiencia de formulación de cargos. El delito imputado fue tenencia ilegal de arma de uso civil sin autorización (artículos 189 bis inciso 2 en función del artículo 189 bis inciso 1 del Código Penal), en calidad de coautores.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal indicaron que en uno de los operativos realizados en predios de la zona de Tratayen, para desalojar y restituir los inmuebles a los propietarios legales, se encontraron dos armas calibre 22 y 32, además de municiones, bombas molotov y drogas (cocaína y marihuana). En el lugar de los secuestros estaban los tres imputados y había un refugio construido con bins de madera y una carpa.
Asimismo, señalaron que por el hallazgo de la droga y las bombas molotov se le dio intervención a la Justicia Federal.
Previo a la formulación de cargos, la defensa de los imputados planteó la nulidad del operativo en el cual fueron detenidos y en el que se secuestraron las armas, drogas y bombas molotov.
Empero, el juez de garantías, Lucas Yancarelli, indicó que "el desempeño de la Policía encuadra dentro del diagrama procesal establecido legalmente al reglamentar la garantía constitucional,q ue es la protección de la inviolabilidad de un domicilio".
Especificó que "la actuación de la Policía bajo las órdenes de la fiscalía no puede ser considerado ilegal, como tampoco los secuestro allí obtenidos".
En su momento, Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén -que agrupa a numerosas comunidades, Fvta Xayen entre ellas-, replicó que esa organización "nunca apeló a la violencia armada", y que el supuesto hallazgo fue "un montaje burdo para justificar la represión".
"Una vez más el gobierno y la justicia de Neuquén intentan resolver mediante la violencia un conflicto que es netamente político territorial", denunciaron desde la Confederación.