La Justicia acordó una sentencia Emanuel López y Víctor Álvarez, en el caso de usurpación de los terrenos de Casimiro Gómez y Autovía Norte, que tuvo lugar en febrero del presente año, y así los imputados fueron liberados con una pena de dos años de prisión en suspenso y cumplir reglas de conducta.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, en una audiencia realizada este miércoles por videoconferencia, el fiscal del caso Marcelo Jara realizó dos acuerdos con la defensa de López y Álvarez.
Emanuel Lopez fue condenado a la pena de dos años de prisión en suspenso y deberá fijar domicilio y mantenerlo actualizado; abstenerse de abusar del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes; se le estableció una prohibición de acercamiento a víctimas, testigos y lugar donde se produjo la toma de tierras a menos de 1000 metros. También deberá presentarse cada seis meses en población judicializada, quedando sin efecto la medida de prisión preventiva que cursaba el imputado.
López estaba acusado de los delitos de usurpación, un hecho en carácter de autor; instigación a cometer delitos, cuatro hechos en carácter de autor por determinación; y coacción, tres hechos en carácter de autor, todos en concurso real, de acuerdo al Código Penal.
Victor Alvarez tiene suspensión de juicio a prueba por dos años, lo cual también implicará realizar trabajo comunitario; el pago de una reparación mensual económica; abstenerse de abusar del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes; como así también prohibirle su acercamiento a la víctima y acercarse al lugar donde se produjo la toma de tierras a menos de 1000 metros. También deberá presentarse cada cuatro meses en población judicializada.
A Álvarez se le había imputado el delito de coacción, un hecho en carácter de coautor, según lo establece el Código Penal (artículos 45 y 149 bis).
Los hechos
Los hechos ocurrieron entre el 2 y el 3 de febrero pasado, y según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, López instigó a los ocupantes de la denominada toma Casimiro Gómez a usurpar distintos terrenos, además de protagonizar la ocupación.
También se le atribuye que coaccionó, a través de terceros, a un grupo de ocupantes para evitar la firma de un acuerdo para desocupar las tierras, una vez iniciado el diálogo con las autoridades municipales y otros organismos para buscar una solución del conflicto.
El juez de garantías, encargado de dirigir la audiencia, avaló el acuerdo entre las partes que contó también con el consentimiento de los imputados.
