Diez funcionarios del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) que ocupaban gerencias, sectores de coordinación y dirección operativa de las plantas de tratamiento cloacal del Parque Industrial y Bardas Norte fueron procesados esta semana por el juez Gustavo Villanueva.
La fiscalía 2 de Neuquén inició la investigación en 2016, hubo pericias e informes y desde mediados del año pasado estaba requerido la imputación de 10 funcionarios. El lunes, con la reanudación de la actividad en el área de Instrucción del juzgado federal de Neuquén, se dictó el procesamiento para 10 funcionarios y coordinadores operativos de las 2 plantas.
Según indicó la fiscal Cristina Beute, el juez Villenueva hizo lugar tambien a una medida cautelar para que se informe cuál es la situación actual de las plantas cloacales que contaminaban el río Neuquén en 2016 y 2017 cuando se realizaron las pericias. Este pedido para conocer si las plantas continúan o no contaminando el Neuquén es independiente del procesamiento que recayó sobre los 10 funcionarios, señaló el sitio RioNegro.
La contaminación del curso de agua no sólo era por el vertido, sino porque en el mismo curso del río, la contaminación por restos orgánicos en el Neuquén impidió que fuera apto para el uso recreativo, según los parámetros indicativos de la AIC.
Se responsabilizó penalmente a los funcionarios por la inobservancia de los procedimientos que debían regir para que las plantas funcionaran correctamente, ya que las plantas vertían liquido sin el debido tratamiento y se detectó maquinaria obsoleta en los procesos de tratamiento y aparatos que no funcionaban.
Una causa paralela, sobre el tratamiento y vertido sobre el río Limay, sigue en investigación en la fiscalía 1. El procesamiento del juez federal Gustavo Villanueva fue sin prisión preventiva. Los acusó por haber contaminado el Río Neuquén debido al vertido de las plantas de tratamiento Bardas Norte y Parque Industrial Norte.
Los responsabilizó por contaminar y poner en riesgo la salud pública, les endilgó un "accionar desaprensivo en su deber de funcionario público" entre los años 2016 y 2017 e insistió en que los datos logrados de las inspecciones oculares revelaron que "no ejercieron adecuadamente el poder de policía y de seguridad técnica" sobre los sistemas de tratamiento ni del funcionamiento adecuado de ambas plantas cloacales.
