En la psicología, la resiliencia es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas y lograrlo con resultados positivos. Y la mendocina Alejandra Guiñazú sabe bien lo que es atravesar precisamente situaciones adversas, algo en lo que viene trabajando desde aquel 11 de noviembre de 2013 por la tarde, cuando recibió la peor noticia que una madre puede recibir: la llamaron por teléfono para contarle que su hija, Agustina, había muerto. La joven, que por aquel entonces tenía 18 años, estaba internada desde hacía 8 meses en una comunidad terapéutica (o centro de rehabilitación, también llamados popularmente “granjas”) en Buenos Aires y se había quitado la vida. A más de 1.000 kilómetros, Alejandra y Julio -padres de Agustina Cuenca- recibían esa dura noticia que les daba una voz del otro lado del teléfono.
La investigación posterior logró confirmar que Agus había sufrido maltratos en el lugar. Y, lo que es peor, es que el caso de esta joven no se trató de un episodio aislado. Porque no era la primera vez -ni sería la última- en que los trabajadores y responsables de una comunidad terapéutica se verían envueltos en una tragedia de este tipo. Por esto mismo es que, como parte de esa resiliencia, Ale Guiñazú está trabajando en un proyecto imprescindible para evitar estos desenlaces: la creación de un Órgano de Revisión Local (ORL) en Salud Mental para Mendoza que tenga como objetivo proteger, supervisar, monitorear, evaluar y promover los Derechos Humanos de los pacientes que reciben servicios dentro de las diferentes instituciones de salud.
“La Ley de Salud Mental (nacional) establece la creación de un Órgano de Revisión Local, pero en Mendoza el proyecto tiene media sanción. Por eso, como tesis para recibirme de psicóloga, estoy trabajando en un proyecto que acelere la aprobación dada la importancia de que exista un control sobre estas instituciones y una regulación. Porque cuando salen a la luz estos episodios, uno se da cuenta de que no hay nadie que salga a favor de las personas, ya sean grandes o chicos, que están internados. No hay un autoridad reguladora que pueda ir a ver cómo están las instituciones desde lo que es higiene y seguridad, si tienen todo lo necesario para proteger a las personas o si cuentan con licencia o profesionales capaces”, resume Alejandra, quien en 2014 y con 54 años comenzó a estudiar Psicología en la Universidad de Congreso. Y que con 61 años está a punto de recibirse.
En estas situaciones entra lo que se conoce como Iatrogenia, que es el daño que un paciente o enfermo no tenía y que deviene del propio médico o del tratamiento y la atención médica. “Vendría a ser algo similar a la mala praxis y que tiene que ver con la parte psicológica alterada. Para llevarlo a un ejemplo, cuando los especialistas les dan muchas pastillas a los chicos que están en los centros de rehabilitación para intentar tenerlos tranquilos y sedados, están alterándole otras facultades psicológicas, por más que esos medicamentos sean legales, y les causan un daño. Entonces, con la existencia de un órgano de control, existiría un lugar para accionar en estos casos”, destaca con fortaleza la mamá de Agus. Y es que la joven fue víctima de esta iatrogenia, lo que derivó en su triste final.
Además, la mujer y su familia tienen muy avanzado el proyecto de crear la Fundación Agus, en honor a su hija, y en la que brindará ayuda y contención a jóvenes con problemas de consumo.
La historia de Agus y su triste final
En 2010, cuando Agus tenía solo 14 años, sus padres advirtieron que su hija había experimentado un fuerte cambio en el carácter. Alertados por la situación, activaron todos los sentidos y fue en ese momento cuando le encontraron los primeros cigarrillos de marihuana escondidos. En ese mismo momento, Agustina comenzó a lastimarse a sí misma y se borraron en su vida cualquier límite que hubiese llegado a conocer.
Esas primeras alarmas llevaron a los padres a buscar ayuda profesional de forma desesperada, y así fue como Agus comenzó un tratamiento en un centro psicoterapéutico especializado. Al principio iban los 3 -Agus y sus padres-, luego se le pidió a la adolescente que fuera ella sola hasta que, al final, tampoco siguió yendo ella. Fueron 3 años los que transcurrieron en este proceso, y nada cambió en el día a día de Agustina. Incluso, la situación se fue saliendo de control cada vez más. El consumo problemático de sustancias se intensificó en la chica y en más de una oportunidad sus padres debieron irla a buscar a las comisarías.
Sin alternativas locales y al borde de la desesperación, la obra social le recomendó a Alejandra y a Julio internar a la chica en el centro de rehabilitación Gradiva Mujeres (Buenos Aires). Viajaron los 3 juntos hacia el lugar, pero Alejandra y Julio debieron regresar ni bien la dejaron. Ni siquiera pudieron despedirse de Agus, mientras que durante los primeros 45 días en que la adolescente estuvo en el lugar tampoco sus padres tuvieron permitido hablar por teléfono con ella (aunque lo hacían los responsables).
Con el tiempo los padres obtuvieron la autorización para ir a visitar a Agus cada 15 días, por lo que Alejandra y Julio se turnaban para ir a ver a su hija. Cuando en mayo de 2013 Agustina Cuenca cumplió los 18 años, debió firmar su propio consentimiento judicial para seguir en el lugar. Y fue en octubre de ese año cuando se evidenciaron los primeros síntomas de que las cosas no estaban bien y la estadía de la chica en el lugar atravesaba momentos tormentosos.
De acuerdo a lo que relataron sus padres tiempo después de la muerte de su hija y en base a la investigación posterior, supieron que a Agus le habían dejado de suministrar un medicamento que tomaba -Valcote-, por lo que había comenzado a tener alucinaciones. Además, se sumaban los problemas de convivencia con otras chicas internadas en el lugar, puesto que entre ellas se robaban ropa, comida y otras pertenencias. Incluso, en septiembre de 2013, Agustina le quitó las agujas de coser y tejer a una mujer del lugar y se tatuó la pierna, además de tatuarle el nombre a una compañera. Cuando los responsables del centro de rehabilitación descubrieron esto, la castigaron.
La propia Alejandra recuerda el preocupante estado en el que vio a su hija la última vez que fue a visitarla, el 10 de noviembre de 2013. En esa oportunidad, Agus le entregó una foto de ella misma y donde le había escrito a su madre que la amaba y que la perdonara con todo. “Le dije que no baje los brazos, pero me desesperé. Recuerdo que le dije a un psicólogo de familia del lugar que el dolor más grande que tenía era que ellos no llegaran a tiempo”, rememoró Alejandra. Y no lo hicieron. Porque, tras regresar a Mendoza y un día después, le llamó el director de la institución para confirmar que su hija se había quitado la vida.
Con la denuncia y el inicio de la investigación, Alejandra supo que el mismo día en que su hija murió había sufrido una crisis y las operadoras le habían hecho una requisa donde le tiraron todas sus pertenencias. Además, cuenta Alejandra, la habían humillado adelante de sus compañeras. “Agustina decidió morir porque la dejaron sin esperanza. La llevaron a esa crisis, la indujeron al acto y no le dieron posibilidad alguna de vivir. Las pastillas tranquilizantes que ingirió antes de morir se las dio una de las operadoras de la institución para que dejara de hacer tanto lío”, reconstruye la mujer. Y es aquí donde entra la urgencia del proyecto en el que está trabajando para acelerar la creación del órgano de control y con el que planea recibirse de psicóloga.
La familia de Agus demandó en la Justicia civil a Gradiva, a la compañía de seguro y a la obra social que tenían en ese momento por inacción, malos tratos y falta de responsabilidad de los profesionales que tenían a cargo la salud de la joven. El 16 de octubre de 2016 hubo un acuerdo y se ordenó a la institución y a la compañía de seguros a abonar un monto “por todo concepto derivado del hecho ocurrido el 11 de noviembre de 2013″.
Para que no haya otra Agustina
Más allá de que la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 está vigente, Alejandra Guiñazú destaca que -al menos en Mendoza- el hecho de que no se haya creado todavía el órgano de control para estas instituciones ayuda a que gran parte de la forma en que se aborda a las personas internadas en los lugares cuente con un peligroso manto de misterio y hermetismo. Incluso, los propios familiares de las personas que están en estos establecimientos deben lidiar con la poca información -muchas veces a cuentagotas- sobre la situación de sus hijos, hermanos o padres que allí se encuentran.
“Es imprescindible el trabajo del psicólogo como perito de la técnica de Autopsia Psicológica para los hechos de intervenciones iatrogénicas. Esta herramienta es utilizada para dar cuenta de los eventos ocurridos y para ello es clave la creación del Órgano de Revisión Local, quien deberá regular y respaldar dicha esta técnica y que permita dar cuenta de los acontecimientos ocurridos”, resume Alejandra Guiñazú.
Según fija el proyecto impulsado por la mujer (y basado en lo que establece la ley nacional), dicho órgano de revisión podrá ingresar a cualquier tipo de establecimiento, público y privado, sin necesidad de autorización previa. En el lugar estará facultado para realizar inspecciones integrales con acceso irrestricto a todas las instalaciones, a la documentación, y a las personas internadas, con quienes podrá mantener entrevistas en forma privada. “Al momento, el ORL no cuenta con dictamen en la Provincia de Mendoza, y desde el año 2013 se han presentado casos dudosos de violencia en los que se necesitó en su momento de estos organismos para esclarecer sucesos de muerte. Quizás, si estuviere estado creado el ORL, se hubiere tenido la oportunidad de investigar sobre los hechos ocurridos en las clínicas de rehabilitación, corroborando las irregularidades que fueron denunciadas y que no tuvieron quórum por parte de los profesionales de las diferentes disciplinas para hacerse cargo y dar respuestas a lo que sucede puertas adentro en las comunidades terapéuticas”, especifica la futura psicóloga, quien para su trabajo se ha entrevistado con familiares de distintas personas que -como ella- perdieron a algún ser querido en estas instituciones.
Incluso, uno de los principales objetivos es que las personas que deban estar internadas o permanecer de forma ambulatoria en estos espacios reciban un trato “humanizado” y puedan tener discernimiento y poder de decisión a la hora de transitar el tratamiento.
La Fundación
La familia de Agustina Cuenca también está en pleno proceso legal para darle vida a la Fundación Agus, para ayudar a otros chicos y jóvenes con consumos problemáticos. “Hay cosas para hacer después de tanto dolor, y cosas que pueden ayudar a los demás chicos. La idea es empezar a transitar un nuevo camino en lo que le hubiera gustado a Agustina, que es ayudar. Porque ella ayudaba a sus amigos, a la gente de su entorno. Mi negrita es lo más hermoso que hay”, contó su mamá hace unos meses a Los Andes.
“No nos hemos quedado en el dolor, estamos tratando de hacer algo y poder ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo y no tienen, quizás, las herramientas necesarias para salir adelante. La pérdida de un hijo es un agujero que te queda hasta el resto de la vida. Y uno lo va cercenando de alguna manera con todas las cosas que intenta hacer”, agrega Alejandra Guiñazú a Vía Mendoza. Y aclara que están en la etapa final de los papeles para que la Fundación Agus sea una realidad y todo el dolor que atravesaron -y atraviesan aún- pueda convertirse en acción y en ayuda.
