La precandidata a gobernadora, Anabel Fernández Sagasti, la senadora provincial de Unidad Ciudadana, Natalia Vicencio, presentó el proyecto de Ley de Servicios Públicos de Mendoza, con la cual se busca dar un freno a los tarifazos en Mendoza.
"Desde la asunción del gobierno de Cambiemos, la ciudadanía argentina y mendocina ha venido manifestándose de forma contundente contras las tarifas desproporcionadas e ilegítimas, pero evidente no ha alcanzado para que el Gobernador Cornejo y el presidente Macri entiendan que son impagables y están destruyendo no sólo las economías familiares, sino también a la industria", indicó Fernández Sagasti.
La legisladora nacional explicó que la iniciativa propuesta busca reforzar la legislación para los controles a las empresas prestadoras de los servicios en los que tiene injerencia jurisdiccional el Ejecutivo Provincial (Gas, transporte, agua y saneamiento), "y además abrir la estructura de costos para conocer qué se hace con el dinero que el Gobierno convirtió en una transferencia directa de los y las usuarias a las empresas".
Asimismo, invitó al resto de las fuerzas políticas y a la ciudadanía en general a discutir un nuevo marco regulatorio del sector. "Los servicios no son una mercancía, sino un derecho que aporta a una mejor calidad de vida. Trabajamos para que ningún Gobierno vuelva a llevárselo puesto", sentenció.
Por su parte, Natalia Vicencio indicó que el proyecto brinda un marco regulatorio integral a los servicios públicos y el transporte, para "garantizar que las tarifas no sean nunca más confiscatorias".
"Este Gobierno ha invertido la lógica de los servicios: son públicos para las empresas porque debemos costear sus supuestas pérdidas; y privados para los usuarios porque vulneran el derecho de acceso y permanencia", sostuvo.
La iniciativa presentada por Unidad Ciudadana consta de seis puntos centrales:
* Tarifas justas y razonables: que no superen los aumentos salariales ni la inflación.
* Régimen Único de Tarifa Social: común para todos los servicios y de acceso automático.
* Control y participación Ciudadana: acceso a información y documentación sobre contratos de concesión, plan de obras y esquema tarifario. Participación popular en órganos consultivos de los entes reguladores.
* Empresas controladas: rentabilidad no mayor al 5% y no puede ser trasladada al ajuste tarifario.
* Ratificación Legislativa: Votación en la Legislatura ante cada propuesta de actualización tarifaria.
* Audiencias Públicas Transparentes: ampliación de la participación y de la convocatoria ciudadana.
