La Segunda Cámara del Crimen de San Martín, Mendoza, sentenció por las cuatro causas en la que se juzga al ex jefe comunal de Santa Rosa, Sergio Salgado por distintos hechos de corrupción y otros delitos. A pesar de ello, la condena todavía no está firme.
El ex jefe comunal de Santa Rosa dijo ser "un preso político" y vinculó las acusaciones al gobernador Cornejo.
Además, la Segunda Cámara del Crimen en San Martín -integrada por Armando Martínez, Viviana Morici, Zaida Landini- también dictó la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de concusión, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública. El monto de la pena había sido solicitado por el fiscal de Cámara, Sebastián Capizzi.
La condena es por los delitos de concusión (coimas), desobediencia, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública en modalidad de administración infiel en grado de tentativa.
Salgado aún tiene pendiente una investigación en su contra que no ha llegado a juicio por la emisión de unos 400 cheques de la Municipalidad de Santa Rosa, de los cuales una treintena los cambió en una financiera y sobre los que la fiscalía, nunca pudo saber que destino les dio.
Ex funcionarios: una absolución y tres condenas En el debate también fueron juzgados otros ex funcionarios de la municipalidad durante la gestión del ex intendente santarrosino.
Gisela Paola Ruggeri, ex secretaria de Salgado, fue absuelta por el beneficio de la duda en el delito de concusión.
El concejal Marcial Ibarra fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones en la administración pública por el delito de concusion.
Flavio Araya -ex responsable de Acción Social- condenado a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones en la administración pública por el delito de concusion.
Por último, Franco Ojeda -ex titular de Hacienda- fue sentenciado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones en la administración pública por ser participe necesario en el delito de fraude a la administración pública en modalidad de administración infiel en grado de tentativa.
